Exguerrilleros y militares que planearon, ejecutaron y encubrieron crímenes de guerra durante el conflicto armado colombiano, enfrentarán por primera vez las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz.Los máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, violencia sexual, abortos forzados, reclutamiento de menores de edad, asesinatos, desapariciones, uso de minas antipersonales, crímenes ambientales, entre otros delitos, serán sentenciados a entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad en el marco de la aplicación de la Justicia Especial para la Paz en Colombia.
Además, se someterán a la realización de trabajos, obras y actividades comunitarias como parte de la reparación del daño causado a miles de víctimas, durante las décadas que ejercieron la violencia hasta 2016, año en el que se firmó la paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se trata de los primeros 19 comparecientes que recibirán sanciones propias de la JEP, entre los que están 7 integrantes del antiguo secretariado de las FARC por casos de secuestro y 12 comparecientes de la fuerza pública por "falsos positivos”, o ejecuciones extrajudiciales, es decir, los casos de miles de jóvenes que fueron asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo de mostrar resultados contra las FARC a cambio de beneficios e incentivos.
Reparar a través de la verdad
"Que los militares reconocieran públicamente que nuestros familiares no eran guerrilleros, que sí se los habían llevado bajo falsas promesas de trabajo. Que reconocieran que los habían asesinado para presentarlos como guerrilleros para dar los excelentes resultados que les estaba exigiendo el Gobierno, para decir que se estaba ganando la guerra, fue algo muy importante", dice a DW Jaqueline Castillo Peña, representante de MAFAPO, asociación de Madres Víctimas de "Falsos Positivos”.
Las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz serán impuestas en el segundo semestre de este año 2025, tras los comparecientes haber aportado verdad sobre crímenes de guerra, por haber reconocido su responsabilidad, haber pedido perdón a los familiares de las víctimas e incluso, por haber ayudado a señalar, en decenas de casos, dónde se ubicaban fosas comunes para poder encontrar restos y cadáveres de varios desaparecidos, que por fin fueron entregados a sus familias, tras años de búsqueda.
Aun así, Jaqueline Castillo considera que el proceso ha sido una verdad a medias, porque no se ha llegado a los altos mandos, a los verdaderos responsables de estas ejecuciones, resalta en entrevista para DW. "Nos quedamos en los mandos medios militares y no han aportado una verdad plena”, asegura Castillo, quien cree que 17 años después del asesinato de su hermano y de los otros muchachos, estos casos siguen casi en impunidad.
Sin embargo, reconoce que el trabajo de la JEP ha sido impecable en la búsqueda de la verdad para esas 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de ‘falsos positivos', que identificó la JEP entre 2002 y 2008, en 31 departamentos del país.
El rol fundamental de las víctimas
Por su parte, la presidenta de la sección de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, destaca en entrevista para DW que la reparación y restauración que buscan las sanciones propias de la JEP, exigen la real y efectiva participación de las víctimas. Situarlas en el corazón de la toma de decisiones abre un horizonte real a la reconciliación, destaca Ochoa: "Precisamente, las víctimas son el corazón de esta justicia”.
Y dentro de la función vital de la JEP, la participación es una de las arterias principales que tiene en cuenta esta jurisdicción, recalca. En el caso de las sanciones propias por venir, las víctimas cumplirán un rol fundamental, porque su intervención será esencial al momento de definir los proyectos restaurativos, destaca la magistrada.
Compromiso de Estado
Si bien Ana Manuela Ochoa Arias dice estar convencida de que la JEP cumple con sus obligaciones de reparación en el marco de sus alcances, el trabajo no estaría completo sin las acciones reparadoras más amplias que, por mandato legal, debe realizar directamente el Estado y el Gobierno nacional.
"Todas las partes del sistema deben funcionar para que se logren los objetivos del Acuerdo y se garanticen los derechos de las víctimas”, enfatiza Ochoa, quien continúa explicando que, "en un modelo de justicia restaurativa, el énfasis no está en la retribución (basada en cárcel), sino en la reconstrucción del tejido social a través de la reconciliación, la dignificación de la víctima y la reincorporación del compareciente”.
Por eso, dice Ochoa, los sancionados que recibirán las primeras sentencias en el segundo semestre de 2025, trabajarán en obras y actividades que puedan conectarlos con la comunidad y que, a la vez, les permitan restaurar los daños que fueron ocasionados por la guerra, concluye Ochoa.
La ONU verificará que las personas involucradas cumplan las sanciones propias de la JEP y que el Estado establece las condiciones necesarias para su cumplimiento.
No aceptar culpabilidad
Quienes se hayan sometido a la Justicia Especial para la Paz y no acepten sus responsabilidades, deberán enfrentar entre 15 y 20 años de restricción efectiva de la libertad en cárceles ordinarias. Es el caso de 14 máximos responsables que no han aceptado su participación o alguna culpa dentro de los crímenes que investiga la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
A la fecha, el 90 por ciento de las personas imputadas ha reconocido su responsabilidad en el marco del conflicto armado colombiano. DW consultó a la abogada Katy Díaz Nieto, defensora de oficio de muchos excombatientes FARC, y nos explicó que la mayoría de los imputados exguerrilleros que están vinculados a la JEP, sí aceptaron culpabilidad y que varios ya pagaron entre 10 o 12 años de cárcel ordinaria.
"La JEP sí busca la verdad, la reparación y la no repetición que, de hecho, también buscan los firmantes de paz”. Díaz asegura que los exguerrilleros han mostrado total interés en reparar a las comunidades y ayudar a buscar a los desaparecidos."Con sanción o sin sanción, los comparecientes están cumpliendo”, señala a DW la abogada penalista Katy Díaz Nieto.
JEP, como modelo mundial
Durante estos siete años de funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, producto de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más grande que tenía en ese entonces América, se ha contrastado la verdad aportada por los comparecientes con numerosas fuentes judiciales, lo que está poniendo a la JEP como modelo restaurativo único en el mundo.
Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, destaca la justicia restaurativa, reparadora y no punitiva como modelo innovador: "En el caso colombiano, con la Jurisdicción Especial para la Paz, en tan solo 7 años se han proferido imputaciones a 236 personas, esto significa 75 imputaciones en promedio por año”, remarca Suárez en entrevista exclusiva para DW, y compara estas cifras con otros procesos menos eficaces, como los llevados a cabo por el tribunal penal de la antigua Yugoslavia, el tribunal internacional para Ruanda y la corte de Camboya.
Suárez, agrega, además, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resaltó a la JEP en 2024 como caso exitoso de inclusión y transformación territorial en Iberoamérica.
"Han sido muchos años de preparación para lograr este proceso restaurativo y el acercamiento cara a cara entre victimarios y víctimas”, concluye Harvey Danilo Suárez. Y resalta como clave la financiación del Estado colombiano para que estos procesos de reparación, y ojalá de reconciliación para las víctimas, permitan que se les dignifique y no se les revictimice.
(ms)
