Con 23 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, las comisiones unidas del Senado aprobaron una reforma a la Ley Antilavado que extiende la vigilancia financiera a funcionarios de alto nivel.
La iniciativa incluye a legisladores, magistrados, fiscales, secretarios de Estado, así como servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
La modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue avalada por las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, y se prevé que sea discutida en el pleno en una sesión extraordinaria programada para la próxima semana.
Hacienda podrá vigilar a servidores públicos como “personas políticamente expuestas”
La reforma redefine y amplía el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), al incluir en esta categoría a actores clave del sector público, como:
- Legisladores federales y locales
- Integrantes del Poder Judicial
- Fiscales y altos mandos policiacos
- Secretarios de Estado y funcionarios del gabinete
- Servidores de órganos autónomos y empresas productivas del Estado
Con esta modificación, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estarán facultadas para elaborar y actualizar una lista nominativa de estas personas, que deberá ser alimentada con información proporcionada por los propios poderes del Estado y otras instituciones.
Además, en caso de que una institución financiera no logre identificar a un cliente como PEP, la UIF podrá consultar las bases de datos oficiales para verificar su estatus.
Implicaciones: más transparencia, pero también más control
Este paso busca reforzar los mecanismos de prevención del lavado de dinero y actos de corrupción, mediante la detección oportuna de operaciones financieras irregulares vinculadas con el ejercicio del poder público.
Sin embargo, también plantea desafíos en términos de resguardo de datos personales, operatividad y autonomía institucional, ya que todos los poderes y órganos deberán remitir listados actualizados de sus funcionarios relevantes para alimentar los sistemas de vigilancia financiera.
A discusión en el Pleno
El dictamen fue aprobado sin oposición abierta, aunque con seis abstenciones, y ahora será enviado al pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación final en una sesión extraordinaria que se celebrará la próxima semana.
De ser avalada por la mayoría legislativa, esta reforma marcaría un cambio significativo en el enfoque del combate al lavado de dinero en México, al poner bajo supervisión financiera a quienes tradicionalmente estaban exentos de este tipo de monitoreo sistemático.
