Silvia Rocío Delgado, abogada que en 2016 formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, recibió su constancia de mayoría como jueza penal del Distrito 5 en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras resultar electa en el proceso judicial promovido por el Gobierno federal. Su nombramiento ha generado polémica por su papel en la defensa de uno de los narcotraficantes más notorios del país.
Aunque su candidatura fue cuestionada por organizaciones civiles como Defensorxs, que la incluyeron en una lista de aspirantes de “alto riesgo”, Delgado obtuvo más de 23 mil votos y logró posicionarse como una de las candidatas más respaldadas en la región fronteriza. Su caso reabre el debate sobre los perfiles que pueden llegar al Poder Judicial tras la reforma impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Participación baja, polémica alta
El proceso de elección popular de jueces, parte de la llamada “reforma judicial democrática”, se llevó a cabo el pasado 1 de junio en medio de una participación ciudadana inferior al 13%. En este contexto, la postulación y victoria de Silvia Delgado sobresalió no solo por su historial profesional, sino por la controversia que arrastra.
Defensorxs señaló que, durante su colaboración con el equipo legal de Guzmán Loera, Delgado fungió como enlace directo con el capo en temas jurídicos, revisando amparos y manteniéndolo informado sobre su situación. Para el colectivo, su papel representa un “riesgo potencial” en términos de imparcialidad judicial.
“Lo único que hicimos fue nuestro trabajo”, exabogada de El Chapo
Ante las críticas, Delgado ha defendido públicamente su trayectoria y rechaza que su pasado implique una incompatibilidad ética o legal para el nuevo cargo. “Como estudiosos del Derecho, juramos defender la Constitución y los derechos humanos de las personas. Lo único que hacemos es nuestro trabajo”, declaró a medios locales.
Además, anunció que prepara una demanda en contra de algunos medios de comunicación por lo que considera una “mala mención” que distorsiona su función como abogada defensora. Aclaró que su participación en el caso de El Chapo fue estrictamente profesional, dentro de los límites que marca la ley.
