Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación ante el hallazgo de una fosa común en el panteón municipal Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, donde fueron exhumados al menos 60 cuerpos, incluidos los restos de entre 10 y 12 bebés. La organización considera que este caso podría constituir una grave violación a los derechos humanos, particularmente al derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El hallazgo fue reportado por colectivos de búsqueda el 23 de junio, como parte de la cuarta fase de exhumaciones iniciada el 26 de mayo. Los trabajos fueron llevados a cabo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Morelos, aunque suspendidos el 19 de junio por riesgos estructurales en el cementerio, provocados por las lluvias del huracán Erick.
Los colectivos de búsqueda, como “Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla”, reportaron la recuperación de restos de al menos 60 personas, incluidos bebés, mujeres y cuerpos fragmentados, sin que existiera registro oficial alguno. Este caso se suma a antecedentes como el escándalo de Tetelcingo (2015-2017), donde también se hallaron fosas clandestinas con decenas de cuerpos.
¿Qué solicita Amnistía Internacional?
En ese sentido, Amnistía Internacional urgió a la fiscalía estatal a garantizar un proceso transparente y respetuoso de los derechos de las víctimas y sus familias. Entre sus exigencias se encuentran:
- Continuar las excavaciones con técnicas arqueológicas y antropológicas especializadas.
- Incluir a los colectivos de búsqueda como observadores activos del proceso.
- Realizar pruebas genéticas exhaustivas para identificar los restos.
- Evitar la revictimización, mediante el respeto a las familias y sin deslegitimar sus hallazgos.
- Publicar resultados de los análisis genéticos para garantizar acceso público a la información.
Respuesta de la Fiscalía de Morelos
En tanto, la dependencia estatal desestimó el mismo 23 de junio la cifra de 60 cuerpos y calificándola como “imprecisa” y generadora de “alarma social”. Aseguró que los datos confirmados se darán a conocer en un informe técnico próximo y se comprometió a reunirse con los colectivos para evaluar avances y reprogramar las exhumaciones, priorizando la seguridad estructural del panteón.
No obstante, colectivos como “Regresando a Casa Morelos”, liderado por Edith Hernández, denunciaron falta de transparencia por parte de la fiscalía. Cuestionaron la clasificación forense de los restos, como un bebé registrado oficialmente como “hueso disperso”, y criticaron la negativa a proporcionar información precisa sobre el número y perfil de los cuerpos encontrados.
