La Marcha del Orgullo en la Ciudad de México nació de la movilización por la justicia y la libertad sexual en una época de fuerte represión. Sus raíces se remontan a los movimientos de liberación homosexual de la década de 1970, especialmente a la participación de un pequeño grupo del Frente de Liberación Homosexual de México en la marcha del 26 de julio de 1978 por el aniversario de la Revolución Cubana. Esta acción fue motivada por la indignación ante el despido de un hombre de una tienda departamental debido a sospechas sobre su orientación sexual.
Este acto de protesta reunió a estudiantes e intelectuales, como Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas, sentando las bases de un movimiento más amplio. Un año después, el 29 de junio de 1979, se llevó a cabo la primera Marcha del Orgullo Homosexual en la Ciudad de México. Alrededor de mil personas se manifestaron con consignas como “¡No hay libertad política si no hay libertad sexual!”, en un ambiente de resistencia frente a la represión policial que desvió la ruta original planeada.
Avances legales y mayor aceptación social
Desde entonces, la Marcha del Orgullo se ha transformado en un evento masivo que celebra la diversidad y exige igualdad, pero que también celebra la libertad en formas que aún escandaliza a cierto segmento de la sociedad.
México ha logrado avances significativos en materia legal: el matrimonio igualitario está legalizado en todo el país y existe una legislación federal desde 2003 que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Según encuestas recientes, el 85% de los mexicanos apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el 84% respalda el activismo LGBT+, evidenciando una mayor aceptación en la sociedad mexicana.
Discriminación y violencia persisten
Sin embargo, más del 60% de las personas LGBT+ en México reportan haber sufrido algún tipo de discriminación, y más de la mitad ha enfrentado agresiones físicas, acoso o discursos de odio. Los crímenes de odio, en especial contra mujeres trans, continúan siendo un problema alarmante, muchas veces sin consecuencias legales contundentes.
En contextos familiares, escolares y laborales, el rechazo persiste. Jóvenes LGBT+ reportan altas tasas de ideas suicidas y abandono escolar debido a la violencia y el estigma. En el ámbito laboral, el 70% considera que recibe un trato desigual por su identidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que el 5.1% de la población mayor de 15 años se identifica como parte de la comunidad LGBT+. No obstante, la implementación de políticas públicas efectivas aún es limitada. Factores culturales como el machismo y la heteronormatividad siguen reforzando la exclusión y la violencia.
