El caso del profesor Esteban Canchola, declarado culpable por “omisión de auxilio” tras la trágica muerte del niño Martín Damián, sigue generando controversia. La voz del padre del menor, identificado como Martín, ha reavivado el debate público al asegurar que el maestro no actuó como debía ante la emergencia médica de su hijo.
Damián, de 10 años, sufrió un derrame cerebral tras golpearse la cabeza mientras jugaba fútbol en la primaria Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali, Baja California, en octubre de 2023. Según el padre, el profesor no brindó el apoyo necesario en un momento crítico:
“Estamos acusándolo porque no le brindó el auxilio. No es por dañar, sino por lo que pasó con mi niño”, declaró a medios.
Martín también criticó el respaldo que algunos docentes y ciudadanos han mostrado hacia Canchola: “Se me hace una falta de respeto que digan que actuó rápido, cuando no fue así.”
Protestas del magisterio
La sentencia contra el profesor, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en la enseñanza, ha generado protestas del magisterio y del sindicato SETEBC, que consideran la resolución injusta. Alegan que el accidente ocurrió fuera del horario escolar y que el maestro sí notificó a los padres y canalizó al menor a atención médica.
La defensa sostiene que Canchola contactó a los padres de inmediato, y ellos llevaron a su hijo a la clínica contratada por el gobierno, donde, tras una breve revisión, fue dado de alta. Sin embargo, el estado de Martín empeoró horas después, y falleció por complicaciones del golpe.
Silencio en torno a la clínica
Uno de los aspectos más controvertidos es la falta de investigación sobre la clínica que atendió al menor. El padre del menor confirmó que también se presentó una denuncia contra el centro médico, pero no ha habido avances:
“Quieren que un médico forense revise el expediente y determine si hubo negligencia. Pero la fiscalía no ha hecho nada por ese lado”.
El periodista Gustavo Macalpin reveló en redes sociales que la clínica tiene contratos millonarios con el gobierno estatal y está vinculada con familiares de un alto funcionario cercano a la gobernadora Marina del Pilar.
Mientras tanto, docentes, sindicatos y ciudadanos continúan movilizándose. Exigen no sólo una revisión profunda de los protocolos escolares, sino una investigación imparcial y completa que abarque a todos los responsables, incluidos los prestadores del seguro médico escolar que hasta ahora permanecen impunes.
