Los empresarios israelíes Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya afirmaron haber entregado 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto para facilitar la venta de tecnología de espionaje al gobierno mexicano, incluyendo el software Pegasus, según The Marker.
La entrega de ese dinero habría ocurrido antes de su llegada a la presidencia, y el monto fue mencionado como una “inversión conjunta en una figura de alto rango” en México dentro de un acuerdo legal firmado por ambos en 2024.
Según la información, publicada originalmente por el medio israelí The Marker y retomada por Proceso, los empresarios pactaron dividirse los contratos con agencias mexicanas como la Sedena, la PGR y el Cisen, que durante el sexenio de Peña Nieto usaron Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
En el acuerdo se refieren a Peña Nieto como “el N” y mencionan expresiones como “el mandato de N” o “el N electo”, con fechas y contextos que apuntan directamente al priista.
Una fuente citada en la investigación aseguró que “gran parte de esos fondos fueron utilizados para financiar gastos políticos, probablemente en la campaña de 2012”.
Los contratos continuaron con el gobierno de AMLO
A pesar del cambio de gobierno, la red empresarial ligada a Ansbacher siguió operando durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según The Marker.
La Sedena, que fue el primer cliente de Pegasus en el mundo, continuó contratando a estas firmas, incluso negándose a transparentar los convenios pese a órdenes del extinto INAI.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos del Instituto Nacional de Migración (INM) por más de 300 millones de pesos a empresas vinculadas, muchas de ellas consideradas como compañías fachada. Uno de los pagos terminó en una organización israelí dirigida por un hermano de Neriya.
Espionaje y protección política
Además del espionaje contra periodistas como Ricardo Raphael y defensores como Raymundo Ramos, la vigilancia llegó hasta el propio Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, y varios miembros de su equipo. La operación de espionaje castrense quedó documentada en investigaciones como Ejército Espía y Pegasus Project.
Durante el sexenio de Peña Nieto, uno de los intermediarios clave fue Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy prófugo en Israel, país donde habría encontrado protección a través de sus vínculos con Neriya. De hecho, el gobierno de Peña Nieto nombró a Neriya como cónsul honorario de México en Haifa en 2014.
Ambos empresarios, que llegaron al país como emisarios de una organización religiosa judía, terminaron convirtiéndose en poderosos intermediarios del negocio de la seguridad. Según The Marker, el pleito entre ellos comenzó cuando Ansbacher reclamó a Neriya por el incumplimiento de una promesa: tres reuniones con Peña Nieto por las que cobró cerca de 5 millones de dólares.
