Estados Unidos ya abrió una cuenta regresiva de seis meses para definir el futuro judicial de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque se declaró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada, su sentencia fue pospuesta porque decidió colaborar con la justicia estadounidense y entregar información confidencial sobre las estructuras del narco… y posiblemente, también de la política mexicana.
El Departamento de Justicia de EE.UU. espera que en ese lapso se logre confirmar, a través de inteligencia y pruebas independientes, que lo dicho por Guzmán es verídico y útil para construir otros casos. La figura legal se conoce como cooperating witness (testigo colaborador), pero no se trata de soltar nombres al azar: cada dicho debe resistir verificación judicial.
Aunque el juicio se lleva a cabo en la Corte de Chicago, las ondas expansivas de su declaración ya se sienten en México, sobre todo porque uno de los escenarios que ya se discute es la posible implicación de políticos mexicanos en sobornos, protección institucional o lavado de dinero.
¿Por qué son clave estos seis meses?
De acuerdo con especialistas, EE.UU. no dicta sentencia inmediata a Ovidio porque espera que su cooperación resulte en detenciones, pruebas o información que permita abrir otros expedientes criminales.
Por ejemplo, si Guzmán López mencionó que cierto gobernador mexicano recibe dinero del narco, eso no basta. Lo que hace la fiscalía estadounidense es usar ese dato para pedir a un juez autorización de intervenir el teléfono del sospechoso o seguir sus cuentas bancarias.
Si las llamadas, mensajes o transferencias confirman lo dicho por Ovidio, entonces hay dos cosas en firme: un delito comprobado y que el testigo colaborador dijo la verdad. Así funciona el sistema estadounidense. Si lo que dice no se puede corroborar, pierde valor su testimonio… y él pierde beneficios judiciales.
Lichtman, el abogado que desató una tormenta política
La controversia escaló después de que Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán, arremetió públicamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum. No sólo la acusó de falta de cooperación con EE.UU., sino que la llamó “relacionista pública del Mayo Zambada”, uno de los jefes históricos del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum, en vez de delegar la respuesta, le contestó directamente, lo que fue calificado como un “error de cálculo” por analistas, pues elevó el nivel del conflicto y le dio al abogado visibilidad política.
Lichtman no es cualquier litigante. Defendió a John Gotti, uno de los capos más famosos de la mafia italiana en Nueva York, y también representó al propio Chapo Guzmán. Es conocido por su estilo agresivo, mediático y frontal. Su estrategia es clara: convertir a Ovidio en víctima de una persecución política y sembrar la narrativa de que México es un narcoestado corrupto.
Al respecto, la periodista Roberta Garza, en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, reveló los detalles sobre la naturaleza de esta colaboración y el plazo de seis meses para confirmar lo que Ovidio ya dijo.
Garza explicó que este tipo de acuerdos con la fiscalía sólo se dan cuando hay indicios de que el testigo puede ofrecer información valiosa, comprobable y de alto impacto, como rutas del fentanilo, identidades de colaboradores o conexiones con estructuras de poder.
También aclaró que no basta con que alguien “cante”: todo debe pasar por filtros de validación con trabajo de campo, inteligencia financiera y vigilancia electrónica. Y eso es precisamente lo que EE.UU. ya está haciendo en este momento, mientras Ovidio espera su sentencia.
¿Qué viene ahora en el caso de Ovidio Guzmán?
La sentencia está programada tentativamente para enero de 2026, dependiendo de qué tan efectiva y sólida resulte la cooperación de Ovidio Guzmán. Si lo que dijo se confirma y lleva a nuevas detenciones, podría obtener una reducción de pena.
Pero si mintió o exageró, el acuerdo se rompe y enfrenta el escenario más duro: cadena perpetua.
