Los acusados fueron condenados por organizar y participar en elecciones primarias no oficiales en julio de 2020.El Tribunal de Apelaciones de Hong Kong inició este lunes (14.07.2025) la audiencia de los recursos presentados por 12 destacados activistas prodemocracia y el Departamento de Justicia local, en el marco del mayor caso de seguridad nacional en la ciudad, que involucró a 47 figuras democráticas acusadas de conspiración.
Los apelantes buscan reducir las penas de entre cuatro y diez años de prisión impuestas en noviembre de 2024, tras un juicio sin jurado de 118 días que marcó un hito en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por el Gobierno de China en 2020.
Entre los acusados destacan figuras como Benny Tai, académico considerado el "cerebro" del plan, condenado a diez años; Leung Kwok-hung, veterano activista, sentenciado a siete años; y Joshua Wong, líder de la 'revolución de los paraguas' de 2014, quien enfrenta cuatro años y ocho meses de prisión.
La audiencia, bajo estrictas medidas de seguridad, está programada para extenderse durante 10 días hábiles, y también revisará los casos de otros condenados, como la experiodista Gwyneth Ho y el exlegislador Lam Cheuk-ting.
Los acusados fueron condenados por organizar y participar en elecciones primarias no oficiales en julio de 2020, con el objetivo de seleccionar candidatos prodemocráticos para obtener la mayoría en el Consejo Legislativo y vetar el presupuesto gubernamental. Alrededor de ocho del grupo ya han cumplido sus castigos de cárcel, mientras que 37 permanecen en prisión.
Se trató de un plan que los jueces Andrew Chan, Alex Lee y Johnny Chan, designados por el Gobierno, consideraron que pudo haber desencadenado una "crisis constitucional" en la región semiautónoma.
Por su parte, el Departamento de Justicia de Hong Kong apelará las absoluciones de Lawrence Lau y Lee Yue-shun, los únicos absueltos en mayo de 2024, en un hecho sin precedentes bajo esta normativa.
Además, las autoridades buscan endurecer las penas de varios condenados, argumentando la "gravedad" de los delitos, según el secretario de Seguridad, Chris Tang.
Rechazo internacional a las sentencias
El caso ha generado una fuerte reacción internacional, ya que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, junto con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han criticado las sentencias, acusando a la Ley de Seguridad Nacional de ser una herramienta para reprimir la disidencia.
Esta controvertida normativa, que castiga actos de subversión, secesión, colusión con fuerzas extranjeras y terrorismo con penas de hasta cadena perpetua, otorgó a la policía amplios poderes, incluyendo detenciones sin cargos inmediatos y la vigilancia de comunicaciones.
Desde su entrada en vigor, se han registrado más de 300 detenciones relacionadas y la disolución de decenas de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicatos y medios de comunicación independientes.
Las autoridades hongkonesas y chinas, sin embargo, defienden la ley, asegurando que ha restaurado la estabilidad tras las multitudinarias protestas prodemocracia de 2019, que en algunos casos se tornaron violentas y que movilizaron a miles de personas.
El Gobierno local insiste en que los imputados recibieron un juicio justo y que el sistema judicial hongkonés sigue siendo independiente, pese a las crecientes preocupaciones sobre la influencia de Pekín.
mg (efe, afp)
