El Hospital General Universitario de Guayaquil emitió este lunes una disculpa pública a Yolanda, una joven de nacionalidad venezolana que fue forzosamente esterilizada cuando tenía 17 años, en un procedimiento que la Corte Constitucional de Ecuador consideró como un caso de violencia obstétrica.
“Este hospital admite que no proporcionó información sobre los riesgos, beneficios y las opciones alternativas de la ligadura de trompas; redujo la autonomía de la paciente, la habilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo de manera libre y se apropió de su proceso reproductivo al efectuar un procedimiento médico bajo coacción”, afirmó Hugo Hernández, gerente del hospital, durante la ceremonia.
En 2020, Yolanda fue sometida a una cirugía durante el parto. Los profesionales de la salud le advirtieron que un nuevo embarazo podría ser mortal debido a la preeclampsia. Tras administrarle anestesia, le hicieron firmar un consentimiento manipulado.
De acuerdo con el tribunal, a la joven no se le brindó un trato digno ni respetuoso, y se le infligió un sufrimiento innecesario al someterla a una esterilización irreversible que no era médicamente necesaria.
Una forma de violencia estructural
La Corte Constitucional determinó que el caso ejemplifica una manifestación de violencia estructural y discriminación múltiple: debido a su condición de mujer, migrante, ser menor de edad y vivir en pobreza. Yolanda estaba sola en esa circunstancia y carecía de apoyo tanto familiar como legal.
“Ninguna madre merece ser tratada como me trataron. Todos somos seres humanos, sin importar de dónde venimos”, afirmó Yolanda en el evento. Aunque admite que las disculpas no solucionan el daño causado, confía en que su situación sirva como ejemplo para evitar que vuelva a ocurrir.
Reparación e impulso legal
El tribunal exigió el “pago de 15,000 dólares de indemnización” y mandó que el Ministerio de Salud actualice sus procedimientos y capacite al personal médico. Además, se está llevando a cabo un proceso penal contra quienes fueron directamente responsables de la operación quirúrgica.
El abogado de Yolanda, Petrick González, informó que promoverá un cambio legislativo en la Asamblea Nacional para que la violencia obstétrica no solo sea reconocida como una forma de violencia, sino que sea clasificada como delito en el Código Penal.
“Esto no fue un error médico: fue una decisión que le transformó la vida de manera permanente”, afirmó González.