La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, logró una polémica medida judicial que restringe la libertad de expresión del periodista Jorge Luis González Valdez y del medio donde colabora, Tribuna. A partir de una resolución dictada por la jueza interina de control Ana Maribel de Atocha Huitz May, todo lo que el comunicador publique deberá pasar antes por la aprobación de un censor oficial designado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La medida incluye la prohibición absoluta de mencionar, opinar o difundir imágenes de Sansores. Además, cada nota, artículo, comentario o programa periodístico que pretenda publicar Jorge Luis González, deberá ser revisado y validado previamente por un interventor judicial.
“Tendrá que ser muy cuidadoso”: Sansores
La gobernadora morenista reaccionó a la orden judicial con una advertencia: “Tendrá que ser muy cuidadoso”, dejando en claro que no tolerará más críticas desde ese medio o por parte del periodista.
La jueza Huitz May argumentó que la medida no busca coartar la libertad de expresión, sino “proteger la dignidad de la víctima”, en referencia a Sansores. Sin embargo, expertos en derechos humanos y periodismo independiente han comenzado a cuestionar la resolución, por considerar que institucionaliza la censura previa, algo que la Constitución y los tratados internacionales prohíben expresamente.
El periodista afectado calificó la decisión como “excesiva, aberrante y violatoria” de sus garantías individuales. Añadió que nunca en su trayectoria había enfrentado una acción tan drástica por parte de una autoridad judicial.
Un caso sin precedentes recientes
En las últimas décadas, no se había documentado en México un caso similar donde se imponga censura previa judicial a un medio o periodista. Para diversos analistas, esta resolución representa un retroceso preocupante en materia de libertades democráticas y derechos informativos.
Con esta medida, se corre el riesgo de sentar un precedente peligroso que podría replicarse en otras entidades del país. El caso de Jorge Luis González Valdez abre un nuevo capítulo en la historia del control político sobre la prensa mexicana.
