El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), condenó el incremento del 7% en las tarifas anunciado por Uber, calificándolo como una decisión “unilateral e irresponsable”. La dependencia federal señaló que dicha medida carece de sustento, ya que no es válido argumentar que se deriva de la reciente reforma laboral en plataformas digitales.
“El modelo de negocio de Uber y similares extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor”, recalcó la STPS.
La dependencia federal enfatizó que esta reforma fue construida con base en el diálogo con las propias empresas del sector, las cuales se comprometieron a no trasladar los costos a los usuarios ni a los trabajadores.
“Este incremento en tarifas, a tan sólo 15 días de iniciado el piloto, no sólo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no haber todavía una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social”, puntualizó la dependencia.
Profeco vigilará que no haya abusos contra consumidores
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a Uber a informar de manera clara y anticipada a sus clientes sobre cualquier modificación en sus tarifas.
“Informar a las y los usuarios de Uber sobre el aumento tarifario es uno de los derechos que tienen las personas para que puedan aceptar o rechazar las nuevas condiciones o cambios que se hagan al plan que están pagando actualmente”, señaló la Profeco.
La procuraduría también recordó que el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor obliga a los proveedores a respetar los precios y condiciones bajo los cuales se ofreció el servicio.
En coordinación con la STPS, Profeco anunció que se desplegarán operativos en todo el país para verificar el cumplimiento de la ley y sancionar cualquier política tarifaria irregular o injustificada que perjudique a la ciudadanía.
