México implementará un documento de identidad obligatorio con datos biométricos. Mientras algunos países avanzan en esa vía, crecen las alertas sobre vigilancia, exclusión y falta de garantías.La Clave Única de Registro de Población (CURP) se transformará en un documento obligatorio con datos biométricos para todos los ciudadanos mexicanos.
La reforma, impulsada por el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de un nuevo sistema de identidad nacional, ha sido presentada como una herramienta moderna y eficiente para fortalecer la seguridad y la prestación de servicios. Sin embargo, también ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y expertos en vigilancia digital.
Una identificación con rostro, iris y huellas
Desde su creación en 1996, la CURP ha servido como un número de identificación administrativa. La reforma, aprobada a finales de junio de 2025, convierte este código en un documento biométrico obligatorio, que incluirá datos como huellas dactilares, escaneo del iris e imagen facial.
Niños, adolescentes y adultos deberán registrar su información, que será almacenada en una Plataforma Única de Identidad, interconectada con dependencias del gobierno y entidades privadas.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha defendido la medida. "Es para construir un país seguro, en paz. La CURP ya era el número de identidad desde hace tiempo", declaró en conferencia de prensa, negando que se trate de un mecanismo de espionaje. "No es cierto que se esté espiando a nadie".
"Espiar no es buscar"
El argumento más repetido por las autoridades ha sido que esta CURP biométrica ayudará en la localización de personas desaparecidas. Pero esta justificación ha sido rechazada por las familias buscadoras.
El pasado 2 de julio, colectivos protestaron ante el Congreso con pancartas que decían: "Espiar no es buscar". México registra más de 114 000 personas desaparecidas, según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Otros colectivos temen por su seguridad. "Esto nos pone en mayor riesgo, porque podrán saber dónde estamos, qué hacemos, qué compramos. Hay madres buscadoras que han sido asesinadas", denunció María Salvadora Coronado, quien busca a su esposo desde 2011.
Los riesgos de centralizar los cuerpos
Para el investigador Santiago Narváez, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), los riesgos son múltiples. "La centralización de datos biométricos en México se da en un contexto de alta corrupción, filtraciones frecuentes y falta de controles independientes", advierte en entrevista con DW.
Narváez recuerda que en abril de 2025 se reveló la venta de una megabase con más de 700 GB de datos fiscales, bancarios y de salud de ciudadanos mexicanos. "Y, a diferencia de una contraseña, si se filtra tu iris o tus huellas, no puedes cambiarlo. Es un riesgo permanente".
El investigador también cuestiona el uso obligatorio de la CURP biométrica para acceder a servicios: "Eso amplía los puntos vulnerables. Cada oficina, cada empresa con acceso, es un posible foco de ataque".
Falta de garantías
La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) agrava las preocupaciones. "La nueva oficina de protección de datos depende del Ejecutivo y carece de recursos y facultades sancionadoras. No hay equilibrio institucional", sostiene Narváez.
El paquete de reformas también incluye la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que autoriza el acceso a información fiscal, de salud o telecomunicaciones sin orden judicial. La Guardia Nacional y el Ejército también tendrán acceso. Para colectivos como R3D y Artículo 19, esto configura un nuevo modelo de vigilancia estatal sin controles democráticos.
"No es adecuada para buscar desaparecidos"
Desde una visión internacional, Florian Huber, responsable en México de la Fundación Heinrich Böll, (cercana al partido alemán Los Verdes), considera que la medida no cumple estándares mínimos de legalidad. "No se ha justificado adecuadamente por qué es necesaria. Decir que sirve para buscar desaparecidos es problemático, porque ese delito implica ocultamiento, no trámites administrativos", señala en entrevista con DW.
Huber identifica cuatro debilidades clave: falta de regulación clara, vulnerabilidad frente a ciberataques, el riesgo de suplantación de identidad en un contexto de corrupción y los altos costos de implementación de un sistema tan complejo. "Lo mínimo indispensable sería exigir orden judicial para cada consulta, identificar qué funcionario accede a la base y publicar reportes regulares sobre su uso", concluye.
Una tendencia regional
Varios países latinoamericanos han adoptado identificaciones biométricas, como Argentina, Brasil, Perú o Colombia. Pero en la mayoría de los casos, su uso es voluntario, limitado a ciertos trámites y sujeto a regulaciones más estrictas. En Uruguay, por ejemplo, los datos biométricos requieren consentimiento expreso y auditorías externas.
En México, el hecho de que sea obligatoria desde la infancia y la interconexión con todas las instituciones públicas y privadas convierte a la CURP biométrica en una de las bases de datos más ambiciosas de la región.
El riesgo de la exclusión
Los defensores de derechos digitales también advierten que el sistema podría excluir a sectores vulnerables. "Personas de avanzada edad enfrentan problemas para identificarse al perder sus huellas digitales, resultando en la negación de acceso a servicios", advierte Narváez.
"Además, en un país como México, con barreras importantes de conectividad, infraestructura y capacidades digitales de la población, se espera que la negación de servicios por falta de sistema y fallas en el mismo ocurra de manera generalizada".
(ms)
