La Corte Internacional de Justicia acaba de determinar que la inacción climática podría hacer que los Estados más afectados busquen reparaciones de los grandes contaminadores, que suelen ser los países más ricos.En una opinión consultiva crucial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ha declarado que "un medio ambiente limpio, saludable y sostenible" es un derecho humano, y que no proteger el planeta de los impactos del cambio climático puede constituir una violación del derecho internacional.
El más alto tribunal de Naciones Unidas destacó el miércoles 23 de julio que el clima debe ser protegido para "las generaciones presentes y futuras". Al leer el fallo, el presidente de la Corte, Yuji Iwasawa, dijo que "las emisiones de gases de efecto invernadero son inequívocamente causadas por la actividad humana y tienen efectos transfronterizos", con consecuencias de largo alcance. Ello "subraya la amenaza urgente y existencial que representa el cambio climático".
"Hoy, los países más pequeños del planeta han hecho historia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia nos acerca a un mundo donde los gobiernos ya no puedan ignorar sus responsabilidades legales", valoró Vishal Prasad, director de los Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático.
El caso más grande de la historia de la Corte
El procedimiento comenzó luego de que estudiantes de países insulares del Pacífico presionaran a sus gobiernos para que solicitaran una declaración legal sobre las responsabilidades contaminantes de los países
La República de Vanuatu acudió entonces a la CIJ para que se pronunciara sobre las obligaciones de los Estados, en virtud del derecho internacional, a la hora de proteger el medio ambiente -y, por extensión, a las generaciones actuales y venideras- de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.
En diciembre de 2024, la corte escuchó testimonios de casi 100 países y 12 organizaciones internacionales. En ese momento, Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, dijo a los jueces que el aumento del nivel del mar impulsado por las "emisiones descontroladas" estaba erosionando las costas de las islas "y tragándose tierras que son vitales para nuestro país".
Por su parte, en las audiencias de diciembre, países altamente emisores, como Estados Unidos, afirmaron que los tratados vigentes de la ONU, principalmente el Acuerdo de París de 2015, ya establecen obligaciones legales para frenar el cambio climático.
Semanas después de esa intervención, el presidente, Donald Trump, anunció la retirada de su país del histórico acuerdo, en el que 195 países se comprometieron a reducir las emisiones de carbono y a proseguir con los esfuerzos para limitar el calentamiento global a no más de 1,5 grados.
"Una señal para poner fin a las promesas vacías"
Algunos expertos han señalado que los países y regiones que más CO2 han emitido, como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, son los mayores responsables del calentamiento global.
"Las emisiones pasadas importan", dice a DW Joie Chowdhury, abogada del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, quien agrega que ese daño ya está hecho. "Eso debe ser reconocido y reparado".
Los países más pobres llevan mucho tiempo pidiendo a los más ricos que paguen por los daños causados. Son precisamente muchos de estos Estados menos ricos los que experimentan las peores consecuencias del cambio climático, pese a haber sido los que menos han contribuido a la crisis.
La declaración emitida ahora por la CIJ advierte que "los impactos adversos y las pérdidas y daños aumentarán con cada incremento del calentamiento global". También deja claro que los países tienen que cumplir sus obligaciones climáticas. En caso contrario, podrían enfrentarse a juicios por reparaciones.
"En el fondo, este caso trata sobre la rendición de cuentas. Es una señal para poner fin a la era de las promesas vacías", añade Chowdhury.
El fallo podría influir en litigios climáticos
La opinión consultiva de la CIJ es una de las tres que se han emitido en los últimos meses. A principios de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una opinión consultiva afirmando las obligaciones de los países a la hora de proteger los derechos humanos de los ciudadanos garantizando un medio ambiente saludable. Y, si bien las opiniones consultivas no son jurídicamente vinculantes, tienen un peso legal significativo.
Uno de los impactos de la declaración puede ser el de impulsar nuevos litigios contra gobiernos y empresas. Hasta la fecha, se han presentado alrededor de 3000 casos en casi 60 países. Joana Setzer, investigadora asociada del Grantham Research Institute de la London School of Economics, subraya que la opinión consultiva marca un "punto de inflexión" en este tipo de procedimientos.
"Su interpretación autorizada de las obligaciones legales de los países servirá como una herramienta crucial para los tribunales nacionales, los litigantes y los defensores que se esfuerzan por exigir responsabilidades a los gobiernos", valora Setzer.
"Esperamos que esta claridad proporcione un plan legal muy claro, que permita a los Estados y a los más afectados en primera línea responsabilizar a los contaminadores por conductas perjudiciales para el clima, así como garantizar soluciones y reparaciones", sostiene Chowdhury.
(dzc/ms)