El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció el reinicio de las subastas públicas de bienes muebles e inmuebles decomisados al crimen organizado, delitos fiscales y de cuello blanco.
La titular del organismo, Mónica Fernández Balboa, informó este miércoles en conferencia matutina que la primera subasta de este sexenio se llevará a cabo del 25 de julio al 6 de agosto a través del portal oficial “Subastas”.
Fernández Balboa explicó que, tras una revisión jurídica y administrativa de los activos en resguardo, se determinó cuáles podían ser comercializados de forma legal y transparente. La oferta incluye propiedades aseguradas por procesos judiciales, embargos y decomisos vinculados con actividades ilícitas.

¿Qué subastará el INDEP?
En esta edición se subastarán 218 bienes inmuebles y más de 145 mil artículos muebles, entre los que se encuentran casas, terrenos, joyas, vehículos, maquinaria, locales comerciales e incluso instrumentos financieros.
Para participar, las personas físicas o morales deberán registrarse en la plataforma, generar un usuario y cumplir con los requisitos establecidos en las bases de venta, que incluyen documentos como INE, CURP, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. En el caso de empresas, se deberá presentar también el acta constitutiva.

Algunos artículos destacados de la subasta
- Residencia en Zapopan, Jalisco: Casa de tres niveles con cinco recámaras, cochera para cuatro autos y 800 metros cuadrados de construcción: Precio de salida: 15 millones 239 mil 500 pesos.
- Vehículo blindado Chevrolet Tahoe 2013: Precio inicial: 325 mil 339 pesos
- Motoniveladora amarilla: Precio base: 576 mil 5 pesos
- Terreno con casa en Cuerámaro, Guanajuato: Inmueble de dos niveles con patio, corrales, bodega y cochera para tres vehículos.
- Chevrolet Camaro 2016: Precio de arranque: 141 mil 589 pesos

La lista completa de artículos estará disponible en el sitio web del INDEP a partir del 25 de julio.
Estas subastas forman parte de la estrategia del gobierno federal para devolver a la ciudadanía los recursos que le han sido arrebatados por la delincuencia y fortalecer la transparencia en el uso de bienes asegurados.