Tras su inminente liberación, Israel Vallarta Cisneros se encuentra en el centro de una nueva discusión: ¿el Estado mexicano debe compensarlo económicamente por haberlo tenido casi 20 años en prisión sin una sentencia firme?
El caso, emblemático por haberse originado en un montaje televisado en 2005 y por las graves violaciones al debido proceso, ha puesto de nuevo el foco en los límites del sistema judicial y en el uso extendido de la prisión preventiva en México.
El caso que llevó a Israel Vallarta a prisión
Israel Vallarta fue arrestado en diciembre de 2005 en el famoso operativo de “Las Chinitas”, presentado por Televisa como si ocurriera en tiempo real, cuando en realidad se trató de una simulación ordenada por autoridades federales. Mientras la ciudadana francesa Florence Cassez fue liberada en 2013 por una resolución de la Suprema Corte que reconoció que su proceso fue viciado, Vallarta permaneció tras las rejas del penal del Altiplano, sin sentencia ni fecha de juicio. Solo hasta este 2025, una jueza federal lo absolvió por falta de pruebas y ordenó su libertad inmediata, reconociendo implícitamente la injusticia cometida.
Sheinbaum responde sobre si debe haber un resarcimiento
Esa absolución ha abierto la puerta a un debate urgente: ¿debe el Estado mexicano indemnizarlo por el daño causado? Diversos antecedentes jurídicos, tanto en México como en cortes internacionales, señalan que sí. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro este 1 de agosto que la reparación del daño no es automática. Al ser cuestionada directamente por la prensa, respondió:
“Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. Hay una ley, que es la Ley de Víctimas —bueno, es más largo el nombre, pero es la ley que protege a las víctimas— y es muy clara en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. En este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso los propios procedimientos legales y, a partir de ahí, que viniera un resarcimiento del daño"
— Claudia Sheinbaum, presidenta de México
La respuesta de la presidenta apunta a que, si Vallarta desea obtener una compensación económica, deberá iniciar un proceso judicial independiente y demostrar legalmente su calidad de víctima. En otras palabras, no basta con haber sido absuelto: es necesario activar los mecanismos legales establecidos en la Ley General de Víctimas y de Protección Integral de Personas en Situación de Víctima. Esta ley contempla la posibilidad de reparación integral, incluyendo compensación económica, rehabilitación, medidas de no repetición y disculpas públicas, pero exige requisitos claros: el reconocimiento formal como víctima y un proceso administrativo o judicial de acreditación.
¿Cuántos millones podría recibir Israel Vallarta si se le reconoce como víctima?
En términos cuantitativos, existen antecedentes de que Vallarta podría reclamar entre 7 y 15 millones de pesos, dependiendo del tribunal que conozca su caso y del tipo de daño que se reconozca. La base legal nacional permite reclamar por daño moral, lucro cesante, daño físico o psicológico, y pérdida de oportunidades, mientras que estándares internacionales —como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— establecen compensaciones de entre 5 mil y 20 mil dólares por año de prisión injusta.
Pero Sheinbaum fue enfática: no es la Secretaría de Gobernación ni la presidencia quien decide si se paga o cuánto se paga. “No es algo subjetivo que la Secretaría de Gobernación decida a quién le da y a quién no. El procedimiento legal es muy claro”, subrayó, dejando en claro que el caso deberá avanzar por la vía judicial si Vallarta desea obtener algún tipo de indemnización. Es decir, la pelota está ahora en el terreno de su defensa legal.