Estados Unidos lo hace oficial: a partir de agosto de 2025, algunas personas que quieran ingresar al país como turistas o en viajes de negocios deberán pagar una fianza de hasta 15 mil dólares como condición para obtener su visa.
La medida aplicará únicamente a ciudadanos de países que tengan altas tasas de estadías ilegales, problemas de verificación de identidad o programas de ciudadanía por inversión sin residencia.
El Departamento de Estado publicó la norma este lunes en el Federal Register, confirmando el arranque de un programa piloto de 12 meses que busca evaluar la viabilidad de imponer este tipo de fianzas de forma más generalizada en el futuro.
¿Quiénes deberán pagar la fianza para entrar a EE.UU.?
El requisito aplica solo para solicitantes de visa tipo B‑1/B‑2, es decir, quienes viajan por motivos de negocios o placer. No incluye estudiantes, migrantes, ni personas en tránsito. Tampoco afecta a los países que están dentro del Visa Waiver Program (como España, Alemania o Japón).
Aunque todavía no se ha publicado la lista oficial de países afectados, la regla indica que se seleccionarán aquellos con:
- Altas tasas de overstay, es decir, personas que se quedan más tiempo del autorizado.
- Sistemas deficientes en verificación de identidad y antecedentes penales.
- Ciudadanía por inversión (CBI) sin requerir residencia previa.
La lista de países será publicada al menos 15 días antes de que comience la medida en travel.state.gov
¿Cuánto costará y cómo se paga?
Los funcionarios consulares podrán pedir tres montos distintos, dependiendo del perfil del solicitante:
- $5,000 USD
- $10,000 USD
- $15,000 USD
El monto más común será $10,000, aunque se puede aumentar si el oficial considera que existe alto riesgo de que la persona no regrese a su país. El depósito se pagará en línea a través de la plataforma oficial y solo se devolverá si el viajero cumple con su salida antes del vencimiento de la visa.
La visa, además, tendrá validez por una sola entrada y máximo 30 días de estadía, aunque normalmente se otorgan por seis meses.
¿Esto afecta a México?
Por ahora, México está excluido, ya que la norma indica que el análisis se basa en datos del año fiscal 2023 y excluye a Canadá, México y países del programa de exención de visa. Sin embargo, la lista puede modificarse durante el año del piloto, por lo que no se descarta que México pueda ser incluido si se detectan tasas altas de estadías ilegales en próximos reportes.
¿Por qué se impone esta medida?
El programa forma parte de la política migratoria del segundo mandato de Donald Trump, quien firmó en enero de este año la Orden Ejecutiva 14159: “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”. En ese documento se afirma que los turistas que se quedan de manera ilegal en EE.UU. “representan una amenaza para la seguridad nacional”.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 510 mil personas se quedaron en el país más allá del tiempo permitido durante el año fiscal 2023.
Con la fianza, las autoridades buscan “mandar un mensaje” a los países cuyos ciudadanos abusan de la visa de turismo o cuyos gobiernos no tienen sistemas confiables para verificar identidad y antecedentes.
¿Y si no cumples con los términos?
Si el visitante:
- Se queda más tiempo del autorizado,
- Trabaja sin permiso,
- Cambia su estatus migratorio sin autorización,
- O sale del país por un puerto no autorizado,
pierde el depósito y se considera “en incumplimiento”. El gobierno podrá entonces usar ese dinero como compensación por gastos de migración o para financiar procesos de deportación.
¿Cuántas personas serán afectadas?
El Departamento de Estado calcula que durante el primer año del piloto, alrededor de 2,000 personas deberán pagar la fianza. Esto representa un ingreso temporal estimado de 20 millones de dólares, que podrían ser devueltos si los viajeros cumplen las condiciones.
Un posible efecto dominó
Aunque por ahora es un experimento, la medida podría extenderse si el gobierno considera que funciona. También se perfila como una herramienta diplomática para presionar a otros países a mejorar sus controles migratorios.
Para los viajeros de países afectados, esta nueva barrera no solo es económica: también significa mayor vigilancia, menos flexibilidad de viaje y más burocracia.