Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera redactó una nueva carta el martes 5 de agosto desde la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado, Estados Unidos (EE. UU.).
En el texto, el líder del Cártel de Sinaloa se queja de que las autoridades penitenciarias no le permiten comunicarse con su nuevo abogado ni recibir los documentos necesarios para su defensa legal. La carta, compartida por el periodista Arturo Ángel, está dirigida al juez Brian Cogan, responsable de su caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
Autoridades penitenciarias no permiten a El Chapo hacer llamadas ni tener visitas
En ella, El Chapo Guzmán asegura que, pese a que el juez ya habría autorizado desde hace tres semanas que su abogado defensor, Israel José Encinosa, pudiera comunicarse con él vía telefónica, el contacto no ha ocurrido debido a supuestas trabas del sistema penitenciario.
Según explica El Chapo en su carta, desde el 6 de junio entregó dos cartas al abogado Encinosa con la intención de formalizar las comunicaciones, y fue notificado por otro de sus representantes legales, José Refugio Rodríguez, que la autorización judicial ya existía. No obstante, la prisión no ha permitido que se lleve a cabo la llamada ni ha autorizado una visita.
Guzmán indica que ha intentado reiteradamente pedir al sistema penitenciario que permita el contacto con su nuevo defensor, sin éxito. Además, afirma que ha solicitado al juez Cogan que reitere su orden para que el abogado pueda visitarlo y hablar con él, señalando que han pasado semanas sin avances.
El Chapo asegura que en EE. UU. se vulnera su derecho a defensa
El narcotraficante asegura que esta falta de comunicación está afectando gravemente su derecho a una defensa adecuada, especialmente en el contexto de nuevas gestiones legales que estaría intentando emprender desde prisión. En su mensaje, pide con urgencia que se obligue a las autoridades penitenciarias a permitir el contacto con su nuevo representante legal.
Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua en 2019 por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con su rol como líder del Cártel de Sinaloa. Cumple su sentencia en la prisión ADX Florence, conocida por sus medidas extremas de aislamiento y seguridad, donde ha denunciado en repetidas ocasiones supuestas violaciones a sus derechos humanos y limitaciones para ejercer su defensa legal.