Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, vive bajo un régimen de aislamiento extremo en la prisión federal de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.
De acuerdo con una carta enviada por su equipo legal al juez Frederic Block el 8 de agosto, el capo mexicano permanece confinado la mayor parte del tiempo en una pequeña celda sin ventanas, sin contacto humano y bajo condiciones que su defensa califica como “trato inhumano” comparable al impuesto a acusados de terrorismo.
“Sin ejercicio, con luz encendida todo el día”
En el documento, sus abogados detallan que Caro Quintero pasa 23 horas al día encerrado de lunes a viernes, y los fines de semana permanece en la celda las 24 horas.
No se le permite realizar ejercicio, sus comidas le son entregadas a través de una ranura en la puerta, y la luz artificial permanece encendida de forma permanente. Además, con el aire acondicionado irregular, asegura que a menudo carece de suficiente ropa o mantas para evitar el frío.
Incomunicación y restricciones severas
La defensa denuncia que, desde su llegada al Centro Metropolitano de Detención (MDC) en febrero de 2025, el contacto con su familia se ha limitado a escasas llamadas monitoreadas. También se le prohíbe cualquier comunicación indirecta a través de su equipo legal.
No comparte celda ni puede interactuar con otros internos, y sus interacciones con guardias —que en su mayoría no hablan español— se reducen a gestos.
Piden audiencia para revisar las medidas
Los abogados solicitan que se retiren las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que le impuso el fiscal general de Estados Unidos, o al menos se modifiquen para reducir las restricciones.
Argumentan que estas medidas violan sus derechos constitucionales a la libre expresión, al debido proceso y a una defensa efectiva. En caso de que el tribunal no conceda la petición, piden una audiencia para presentar pruebas del impacto que el aislamiento prolongado tiene en su salud física y mental.
Caro Quintero enfrenta en Estados Unidos cargos por narcotráfico y por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Su defensa sostiene que las condiciones actuales no solo lo aíslan del mundo exterior, sino que también le impiden preparar su caso de manera adecuada.