El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido el pasado 4 de agosto en Reynosa, suma un nuevo ángulo de investigación.
A los indicios iniciales que apuntaban al crimen organizado, se suman documentos que vinculan al funcionario con pesquisas sobre la presidenta electa del Poder Judicial estatal.
Asesinato apunta al Poder Judicial
De acuerdo con un oficio interno de la FGR, fechado el 29 de mayo de 2025 y filtrado en redes sociales, Vásquez Reyna solicitó información sobre una denuncia presentada contra Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial en Tamaulipas.
La carpeta de investigación, iniciada el 26 de abril, señala los delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias, a partir de una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado. En el expediente también figura como señalado Juan Carlos Madero Larios.
La denuncia, firmada por el director jurídico del PAN en representación del presidente estatal del partido, describe presuntos actos cometidos en conjunto por ambos imputados. La existencia de esta indagatoria abre una posible línea político-judicial en torno al homicidio del fiscal federal, asesinado en su camioneta por un ataque armado.
A pocos días del asesinato, se recordó que a finales de julio fuerzas federales asestaron un golpe al robo de combustible en la región. En el operativo, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la FGR, se decomisaron más de 1.8 millones de litros de combustible robado, además de vehículos y equipo especializado.
En paralelo, la FGR confirmó el 8 de agosto la captura de Jaret Roberto “H”, identificado como miembro de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo. El detenido fue localizado en Reynosa y es señalado como uno de los autores materiales del asesinato, además de estar vinculado con actividades de huachicol fiscal en la zona.