Ramón Cardozo analiza en su columna las consecuencias que puede tener la puesta en marcha de una Zona Económica Especial Binacional en la frontera Colombia-Venezuela.A principios de julio de 2025, Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para crear una "Zona Económica Especial Binacional" (ZEEB) en la frontera que comparten los estados Táchira y Zulia, por el lado venezolano, y Norte de Santander, por el lado colombiano.
Presentado como un esfuerzo para fortalecer la "paz, el desarrollo económico, la integración cultural y la solución a problemáticas históricas", el proyecto se ofrece como una promesa de prosperidad para una de las fronteras más vivas y conflictivas de América Latina. Sin embargo, para muchos esa promesa encierra un riesgo: convertirse en un caballo de Troya que, bajo el ropaje de la cooperación, permita el avance silencioso de intereses autoritarios y criminales.
Expresidentes, exministros, exgobernadores, candidatos presidenciales, parlamentarios, militares en retiro, académicos especializados en seguridad y representantes de la sociedad civil han alzado la voz contra la medida. Lo más llamativo es la convergencia de temores entre actores clave de ambos países que, pese a contextos políticos distintos, coinciden en advertencias esenciales: la opacidad y el déficit de legitimidad democrática del acuerdo; la pérdida de soberanía y la consolidación de un ecosistema criminal en la frontera; y el riesgo de contagio autoritario para Colombia y la región.
Opacidad y déficit de legitimidad democrática del acuerdo
En ambos países se denuncia la opacidad que rodea lo pactado entre los Gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro en un asunto tan sensible como el fronterizo. Se desconocen detalles jurídicos y territoriales esenciales para comprender el alcance del acuerdo, y el propio memorando admite que "el área geográfica específica aún está por definirse".
A esta falta de transparencia, se suma el incumplimiento de los procedimientos legales previstos y la ausencia de consulta con las fuerzas vivas, en especial con las comunidades fronterizas, autoridades locales y actores productivos que sufrirían directamente los impactos de la ZEEB.
Sobre estos aspectos, se pronunció el expresidente colombiano Iván Duque, quien denunció la ilegalidad de la medida "porque se están empezando a firmar acuerdos que no tienen ni tratado, que no tienen delimitadas responsabilidades y que no han sido ratificados por el Congreso". Con similares argumentos, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el memorando de entendimiento.
Los peligros de las Zonas Económicas Especiales bajo regímenes autocráticos
Aunque las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se conciben para atraer inversión, fomentar el comercio y generar empleo mediante incentivos fiscales y desregulación, diversos estudios han demostrado que también pueden convertirse en plataformas para el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.
El informe Flujos Financieros Ilícitos (2025), de Kristina Amerhauser, advierte que estas zonas ofrecen el espacio ideal para generar y blanquear ingresos ilegales de múltiples formas. Ya en 2012, el World Economic Forum las había calificado como "facilitadoras del crimen organizado" por su escasa transparencia y la debilidad de sus salvaguardias contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
En contextos de autoritarismo y corrupción estatal, el riesgo se multiplica. El reporte Blind Spots (Ronan P. Rowden, 2022) señala que, bajo regímenes opacos, las ZEE pueden ser cooptadas por élites políticas y criminales para legalizar rentas ilícitas, blindar economías informales y consolidar enclaves fuera del alcance de la ley.
En Venezuela, el ejemplo más ilustrativo de este fenómeno es el Arco Minero del Orinoco. Aunque formalmente no es una ZEE, comparte sus vulnerabilidades más críticas: régimen de excepción, incentivos discrecionales, opacidad y ausencia de control ciudadano. Bajo el ropaje legal de Zona de Desarrollo Estratégico, esta área se ha convertido en plataforma para las actividades criminales y para la explotación intensiva de los recursos minerales en beneficio de una élite político-militar, de empresarios aliados al régimen y de grupos armados irregulares que actúan con el beneplácito del Estado venezolano.
Según el informe Explotación de Oro en Venezuela 2024, elaborado por la ONG Transparencia Venezuela, solo en 2023 se estima que, de los USD 2750 millones generados por la producción de oro, apenas un 14 por ciento llegó al Estado venezolano. Del 86 por ciento restante, un 66 por ciento habría quedado en manos de la élite política-militar y sus aliados, mientras que un 20 por ciento fue a parar a grupos criminales como el ELN y disidencias de las FARC.
Pérdida de soberanía y consolidación de un ecosistema criminal
La experiencia del Arco Minero deja una clara advertencia: la creación de una ZEEB, en un contexto de opacidad institucional y captura estatal por redes político-criminales, erosionará aún más la debilitada soberanía que los Estados de Colombia y Venezuela ejercen sobre esos territorios fronterizos, exacerbando los peligros que ya se encuentran allí presentes.
Múltiples informes, e incluso el propio memorando, reconocen que este corredor es uno de los más activos de la región para el narcotráfico, la extorsión, el contrabando y la trata de personas. En esta zona, el ELN, las disidencias de las FARC, el Cartel de los Soles y bandas transnacionales como el Tren de Aragua ejercen un fuerte control sobre economías ilícitas y comunidades locales.
Al respecto, César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, advierte: "Este es un territorio donde opera abiertamente la guerrilla binacional, con zonas enteras bajo el control del ELN y con la aquiescencia del régimen de Maduro. La creación de esta nueva figura legal no hará sino facilitar aún más ese control y las actividades criminales que allí se desarrollan". Una preocupación similar expresó el expresidente Álvaro Uribe, para quien "es inaceptable la zona binacional acordada con la tiranía de Maduro. Allí domina la criminalidad financiada por el narcotráfico, auspiciada y protegida por Maduro".
Riesgo de contagio autoritario y desestabilización para la región
Otro grave riesgo denunciado es que la ZEEB, al potenciar las vulnerabilidades ya mencionadas de la frontera colombo-venezolana, favorezca la expansión de las prácticas e instituciones autoritarias del Socialismo del Siglo XXI hacia Colombia y el resto de la región. La creación de esta zona fortalecería al ELN, el cual, tal como ha documentado la ONG Fundaredes, además de sus actividades criminales, opera en amplias áreas de la frontera como una autoridad paralela al Estado y como "la primera línea de defensa de la Revolución Bolivariana", según el investigador Jorge Mantilla.
En la práctica, la ZEEB funcionaría como "una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo el control con el apoyo de un Estado para reforzar la retaguardia del régimen de Maduro en caso de alguna acción de un gobierno, y eventualmente como una zona de desestabilización para Colombia y para un gobierno de una tendencia distinta a la que hoy nos gobierna", advierte Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencias Políticas, en entrevista con NTN24.
En la misma dirección, el expresidente colombiano Andrés Pastrana se pregunta si el Gobierno de Petro "va a entregar los territorios fronterizos al narcodictador Nicolás Maduro" y crear "una zona binacional para promover el crimen transnacional". Por su parte, la dirigente venezolana María Corina Machado advirtió que el planteamiento de la ZEEB "genera enorme preocupación en las fuerzas democráticas y los organismos de seguridad e inteligencia de todo el hemisferio" por el peligro de lo que allí se está constituyendo.
En suma, la ZEEB, bajo la fachada de cooperación económica y de paz, corre el riesgo de convertirse en un auténtico caballo de Troya para la seguridad y la democracia del hemisferio: fortalecería a actores criminales armados aliados del chavismo, consolidaría el control político de estos grupos sobre la frontera y serviría como plataforma para exportar el crimen organizado y la autocracia hacia toda la región.
(ms)