Un caso que mezcla contratos millonarios, lujosos regalos y pagos en efectivo ha salido a la luz en Estados Unidos (EE. UU.), apuntando a dos empresarios mexicanos que, desde Texas, habrían tejido una red para beneficiar a empresas vinculadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial, Exploración y Producción (PEP).
La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. describe un esquema de sobornos que, según las autoridades, operó durante años con la participación de funcionarios de alto nivel. Pero, ¿quiénes son, cuáles serán sus cargos y su posible sentencia?
¿Quiénes son los mexicanos acusados?
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años de edad, residente de The Woodlands, Texas, ciudadano mexicano y residente legal permanente en EE. UU., y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, residente de Spring, Texas, también ciudadano mexicano y residente legal permanente.
Ambos, junto con otras personas, habrían conspirado para pagar y ofrecer al menos 150,000 dólares (aproximadamente 2,794,649 peso mexicanos) en sobornos a funcionarios de Pemex y PEP. El objetivo era favorecer a empresas vinculadas con Rovirosa mediante la obtención y retención de negocios con las paraestatales mexicanas.
Cargos y posibles sentencias para los empresarios mexicanos en EE. UU.
Rovirosa y Ávila enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustantivos por violaciones a la FCPA. En caso de ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo, es decir, un máximo de 20 años.
La sentencia final será determinada por un juez federal, tomando en cuenta las Directrices sobre Sentencias de EE. UU. y otros factores legales. Actualmente, Rovirosa ya compareció ante un juez, mientras que Ávila continúa prófugo.
Investigación y mensaje de las autoridades
El caso es investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI, por sus siglas en inglés), con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Federal Deposit Insurance Corporation.
Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto en funciones, afirmó que “no se tolerará que se enriquezca a funcionarios corruptos en detrimento del mercado justo”. El FBI recalcó que el soborno erosiona la confianza pública y que perseguirá este tipo de delitos en Texas y más allá.