Simón Levy, ciudadano mexicano y residente legal en Estados Unidos, se ha convertido en el centro de un conflicto que enfrenta a sistemas legales de dos países.
La situación combina órdenes judiciales activas en México con pronunciamientos de autoridades estadounidenses sobre la protección de sus derechos, lo que genera tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la manipulación política de procesos judiciales.
Conflicto legal en México contra Simón Levy
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, confirmó la existencia de una orden de aprehensión en contra de Levy por el delito de daño a la propiedad doloso.
El oficio, fechado el 30 de julio de 2025, detalla que se instauró una notificación roja de Interpol, lo que permite solicitar su detención a nivel internacional y establecer alertas migratorias si fuera necesario.
En paralelo, Levy publicó en X un mensaje en el que agradeció al Departamento de Estado de Estados Unidos y al senador Marco Rubio por proteger sus derechos humanos frente a lo que describió como persecución política en México.
Señaló que los registros adversos en su contra fueron eliminados y que parte de la evidencia presentada en México fue manipulada digitalmente con audios y videos falsificados. Documentos oficiales del Departamento de Estado y del DHS TRIP confirmaron la eliminación de registros adversos y la corrección de entradas que podían afectar a Levy en puertos de entrada de Estados Unidos
El caso de Simón Levy refleja un choque entre sistemas legales y percepciones de justicia. Mientras México mantiene procedimientos judiciales activos, Estados Unidos respalda la protección de derechos y la corrección de registros, generando una tensión diplomática implícita.
La situación evidencia cómo diferencias legales y políticas pueden transformar un proceso penal en un conflicto internacional, con implicaciones sobre derechos humanos y legitimidad jurídica.