Hay evidencias que sugieren que EE. UU. quiere cercar militarmente al régimen de Maduro en Venezuela, pero la información disponible es limitada y podría plantearse un escenario diferente.El 8 de agosto, el New York Times informó -citando a personas familiarizadas con el asunto- que Donald Trump había firmado una orden clasificada dirigida al Pentágono para que comenzara a emplear la fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos catalogados por Washington como organizaciones terroristas.
Una semana más tarde, el 15 de agosto, la Marina de Estados Unidos confirmó el despliegue del Grupo Anfibio Iwo Jima, integrado por el buque de asalto USS Iwo Jima y los transportes USS Fort Lauderdale y USS San Antonio, junto con la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina. Sin embargo, el comunicado no detalló el destino de estas unidades. Según fuentes del Departamento de Defensa citadas por CNN, este movimiento formaría parte del refuerzo militar hacia el sur del Caribe.
Pocos días después, el 18 de agosto, la agencia Reuters informó -citando a funcionarios estadounidenses- que los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson estaban en ruta hacia aguas del Caribe "próximas a Venezuela". El despliegue incluía, además, aproximadamente 4.000 marinos e infantes de Marina, varios aviones de patrulla marítima P-8 y al menos un submarino de ataque. Según las fuentes citadas por Reuters, la operación tendría carácter prolongado, con una duración de varios meses, y se desarrollaría en el espacio aéreo y en aguas internacionales.
Al día siguiente, al ser interpelada sobre el envío de buques al Caribe, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos usaría "todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. La contundencia de esta declaración, pronunciada apenas un día después de confirmarse el masivo despliegue militar de Estados Unidos en aguas próximas a Venezuela, encendió las alarmas en el hemisferio.
A ello se sumaron tres factores que intensificaron la incertidumbre. En primer lugar, la condición de ilegitimidad de Nicolás Maduro, quien, tras el fraude electoral de 2024, no es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por una parte importante de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. En segundo lugar, el hecho de que dentro de los objetivos potenciales de la misión podrían estar Nicolás Maduro, su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en su condición de presuntos cabecillas del Cártel de los Soles, red criminal que Washington incluyó en julio en su lista de organizaciones terroristas globales. Finalmente, la directiva secreta firmada por Trump abría, según la fuente del New York Times, la posibilidad de "operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles”.
Este conjunto de factores abrió la puerta a una pregunta inevitable: ¿amenaza Estados Unidos con una operación militar contra Venezuela?
Washington también mira hacia dentro
Como se ha dicho otras veces, la política exterior de Trump está estrechamente vinculada a sus prioridades domésticas. El uso de la fuerza militar contra los cárteles se enmarca en una de sus principales promesas electorales: "Eliminar a los cárteles de la droga que destruyen vidas en Estados Unidos”.
En 2024, aproximadamente 80.000 personas murieron por sobredosis en ese país, y cerca del 60 por ciento de los casos estuvieron relacionados con el fentanilo. Durante su campaña, Trump se comprometió a emplear todos los recursos disponibles, "incluyendo la intervención militar si fuera necesario”, para impedir que estas sustancias ilícitas llegaran a territorio estadounidense.
Bajo la presión de mostrar resultados concretos antes de las elecciones de medio término de 2026, la Casa Blanca ha tomado decisiones aceleradas: el 22 de enero designó como organizaciones terroristas transnacionales a varios cárteles mexicanos, entre ellos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste; el 25 de julio hizo lo mismo con el Cártel de los Soles, vinculando directamente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López con el narcotráfico global; y el 7 de agosto duplicó la recompensa por la captura de Maduro y fijó montos millonarios por Cabello y Padrino.
Aunque estas medidas han ampliado de manera significativa la base legal de la administración estadounidense para actuar contra los cárteles, elevando el narcotráfico de problema criminal a asunto de seguridad nacional, expertos y exfuncionarios de seguridad nacional han advertido que no constituyen, por sí solas, fundamento suficiente para justificar el uso de fuerzas armadas en operaciones extraterritoriales. Tales acciones requerirían pasos legales y políticos adicionales, incluida la notificación al Congreso y la autorización legislativa para operaciones militares sostenidas.
Otro factor de política interna a considerar es la propia base electoral de Trump, identificada con el movimiento MAGA, que ha mostrado resistencia a un mayor involucramiento de Estados Unidos en conflictos armados en el extranjero. Un uso abierto de la fuerza contra Venezuela podría generar tensiones políticas internas dentro de la coalición que respalda al presidente.
La soberanía, un tema sensible en la región
Como ha ocurrido en otras ocasiones, las respuestas de la comunidad internacional ante la posibilidad de una acción militar en Venezuela están divididas. En la región, algunos gobiernos históricamente cercanos al chavismo han rechazado las acciones militares de Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el despliegue naval estadounidense calificándolo como "inaceptable” y recordando que "viola los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”. El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que una intervención militar estadounidense en Venezuela sería "el peor error” y traerá consecuencias negativas para la región en general.
Desde Brasil, el asesor internacional de Lula, Celso Amorim, expresó su "preocupación” por el riesgo de una escalada y reiteró que "el principio de la no intervención es fundamental” en la política exterior brasileña. Cuba expresó su condena al despliegue militar como una violación del derecho internacional, mientras que Nicaragua reafirmó su apoyo a la defensa de la soberanía venezolana.
Otros gobiernos de la región han adoptado un tono más cercano a Washington. Ecuador y República Dominicana respaldaron la decisión de EE. UU. de declarar a los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, mientras que Paraguay fue más allá y declaró al Cártel de los Soles como grupo terrorista, sumándose a la línea marcada por Washington.
Actores extrarregionales aliados de Maduro también se han pronunciado. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning declaró: "Nos oponemos al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”. Por su parte Irán, calificó las acciones de Estados Unidos como una violación de la soberanía y del derecho internacional, reclamando incluso la atención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y del secretario general.
Este panorama internacional indica que una intervención militar directa y masiva en Venezuela conllevaría elevados costos políticos y diplomáticos, particularmente a nivel regional. Dado que esto era previsible, es probable que Estados Unidos tenga considerado enfoques más graduales y menos visibles en caso de optar por una acción militar.
Presión más que invasión
Las dimensiones del despliegue militar estadounidense en el Caribe y la intensificación de la retórica desde Washington parecen orientadas más hacia la intimidación y la presión que hacia la preparación de una invasión inmediata. Los tres destructores clase Aegis -equipados con capacidades antiaéreas, antisubmarinas y de ataque- representan un nivel de fuerza que supera significativamente los requerimientos de operaciones antidrogas convencionales, constituyendo una clara señal de coerción estratégica.
Al mismo tiempo, las capacidades tecnológicas avanzadas de este dispositivo naval, complementadas con aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidon y plataformas especializadas de inteligencia, le otorgan a Washington un amplio margen de acción para ejecutar misiones encubiertas y operaciones puntuales, como quedó demostrado con la extracción de cinco opositores desde la embajada argentina en mayo de 2025.
La respuesta del régimen de Caracas fue inmediata: prohibió durante 30 días el uso de drones civiles, invocando la amenaza externa como justificación, pero, simultáneamente, reforzando sus mecanismos de control social interno.
El operativo prolongado -similar al implementado en 2020 durante el primer mandato de Trump- impactará sustancialmente el tráfico de narcóticos en el Caribe, afectando una de las principales fuentes de financiamiento del régimen chavista.
En lugar de constituir una antesala de confrontación militar abierta, la evidencia sugiere un cerco estratégico sostenido que combina presión naval visible con capacidades operacionales encubiertas ya demostradas. Este enfoque buscaría incrementar progresivamente los costos políticos y económicos para el régimen de Maduro, con el objetivo último de propiciar fracturas internas que eventualmente faciliten una transición política sin los riesgos y costos de una intervención militar convencional
En todo caso, estas estimaciones son necesariamente provisionales: la información disponible es limitada y el alcance real de las órdenes ejecutivas permanece secreto, y además, en contextos de crisis y alta tensión, acontecimientos inesperados pueden precipitar escenarios muy distintos a los previstos.
(cp)