México se convirtió en terreno fértil para las aplicaciones de préstamos fraudulentos. ¿La razón? La falta de regulación efectiva, el bajo nivel de educación financiera y la publicidad agresiva en redes sociales crearon el escenario perfecto para que estas apps hagan de las suyas.
Una encuesta de la plataforma especializada en productos financieros Kardmatch reveló que tres de cada diez usuarios que solicitaron un préstamo, a través de una app, fueron víctimas de fraude.
Preció que los engaños financieros más comunes son alarmantes:
- 28% aseguró que nunca aceptó el préstamo y aun así recibió el depósito.
- 14% pagó un anticipo por el trámite, pero jamás recibió el dinero.
- 10% sufrió cobranza sin haber recibido un solo peso.
- 7% ni siquiera pidió un préstamo, pero aun así intentaron cobrarle.
El director de Kardmatch, Joel Cortés, explicó que los usuarios de estas aplicaciones están protegidos. “No hay reglas claras ni una autoridad única que las supervise. Esta situación deja a los consumidores expuestos a publicidad engañosa y prácticas abusivas”.
Además, “las empresas como Meta y Google permiten que estas apps se anuncien sin mecanismos de verificación”, explicó el directivo a través de un informe especial publicado esta semana.
Amenazas e impunidad en apps de préstamos
El estudio arrojó que el problema no se queda solo en los abusos financieros, ya que al menos 25% de los usuarios de las apps de préstamos sufrió actos de cobranza ilegal, así como amenazas a sus contactos; mientras que 15% denunció cambios en las tasas de interés o nuevos plazos de pago sin su consentimiento.
“Muchas de estas aplicaciones operan de forma ilegal, sin vigilancia cercana de las autoridades y sin contratos claros o transparentes. Por eso es recomendable, que antes contratar alguno de sus servicios, revises que estén registradas en el padrón de la Condusef o Profeco”, agregó Cortés.
El directivo evidenció que –lo más preocupante– es la impunidad que cobija a los defraudadores, ya que apenas 16.45% de las víctimas presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
El restante 83.55% –de personas afectadas por las estafas– no hizo absolutamente nada, lo que deja el terreno abierto para que estos fraudes sigan creciendo.