Representantes del Congreso de la Ciudad de México y del Gobierno capitalino aceptaron analizar la posibilidad de subsidiar al transporte público en la capital del país, por lo que pidieron a los concesionarios y operadores integrar una propuesta conjunta, donde expongan las necesidades del sector y qué soluciones plantean para resolver la problemática que los envuelve.
Señalaron que esta propuesta debe estar lista para el próximo 26 de septiembre, para exponerla ante representantes de la Secretaría de Movilidad, así como del Congreso capitalino, entre ellos la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, así como el diputado Pablo Trejo, coordinador de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo, quien les aclaró que la discusión del paquete económico de 2026 inicia a finales de este mes y culmina en noviembre, por lo que “estamos en el tiempo adecuado para poder desarrollar las cosas”.
El legislador les indicó que la integración del Congreso local tiene sensibilidad hacia todos los temas que afectan a la ciudadanía, especialmente el de la movilidad, por lo que consideró que cualquier propuesta encaminada hacia el subsidio debe tener reglas claras y ser permanente.
La reunión tuvo lugar este fin de semana, con la representación de los diputados señalados, así como Alejandro Chávez Contreras, representante del Gobierno central, además de los dirigentes de empresas concesionarias y rutas del transporte urbano.
Por parte de Movilidad de Vanguardia (Mova), su dirigente, Alejandro Luna expuso que actualmente el transporte concesionado enfrenta una crisis financiera que lo tiene al borde de su desaparición, por la diferencia entre lo que se invierte para tener unidades al servicio del público y lo que el usuario paga como parte de una tarifa social impuesta por las autoridades.
Indicó que hasta la época de la pandemia, ese déficit había sido manejable, por la cantidad de pasajeros que utilizaban el servicio, pero debido a la crisis sanitaria, la demanda bajó cerca de un 80% y se ha ido recuperando paulatinamente, hasta llegar a un número de usuarios 20% menor a los niveles originales, el cual se reduce a razón del 2% cada año, derivado de causas como la competencia desleal de los transportes gubernamentales, el aumento del trabajo desde casa, incremento del uso de motocicletas de combustión interna, así como bicicletas y scooters eléctricos, entre otros, todo lo cual no resuelve el problema de la congestión vial, sino que lo complica.
Explicó que el costo real de operación excede con mucho lo que los usuarios pagan, además de que se ha ido acumulando un déficit que crece al 5% anualmente. Dijo que de 2005 a 2025, la tarifa del transporte concesionado pasó de cuatro a ocho pesos. Sin embargo, el precio del diésel pasó, en el mismo lapso de tiempo, de $5.24 a $25.48, es decir un incremento de 386%, lo que significa casi cuatro veces más rápido que la tarifa concesionada.
En el mismo periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló un crecimiento de 76%, por lo que, mientras que la tarifa del transporte concesionado ha crecido de forma insuficiente en 20 años, el diésel subió 386% y la inflación 76%.
No obstante, indicó que si bien esta crisis financiera es un elemento por el cual atraviesan las empresas, no se puede afectar al usuario hasta que no se agote el diálogo con las autoridades, por lo que elaborarán el documento de propuesta, que se analizará previamente con legisladores, especialistas académicos y representantes del sector empresarial.
Llamó a todos los transportistas a presentar un planteamiento conjunto, en lugar de pedir un incremento a la tarifa que no resolverá el tema de fondo y sólo postergará la crisis.
Consideramos, dijo, que la división no contribuye a resolver nuestros problemas internos, tampoco los de los usuarios, ni los de la ciudad, ya que el servicio se continuará deteriorando y la crisis tanto del transporte, como el crecimiento vehicular se agravarán.