En Xochitepec, Morelos, automovilistas enfrentan cobros de hasta 16 mil pesos tras ser detenidos en los retenes del programa alcoholímetro. El esquema combina multas infladas, tarifas opacas de arrastre y cobros arbitrarios en el corralón, bajo la operación de la empresa Grúas Aguilar Xochitepec en complicidad con policías municipales y autoridades locales.
Testimonios recopilados por Publimetro México describen un ambiente de crimen organizado: los automovilistas son amenazados, forzados a pagar en efectivo y sin recibo, con montos que superan por mucho lo que marca la ley.
“Lo más corrupto y de miedo son las grúas. Es un ambiente de crimen organizado. Te amedrentan y es muy peligroso, parece que no solo se dedican a las grúas”
— Isaac 'N'
Sentencias que acreditan ilegalidad
El Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos (TJA) resolvió el expediente TJA/1ªS/86/2024, donde declaró la nulidad lisa y llana de una infracción por alcoholímetro. En esa resolución se acreditaron varias irregularidades.
Por un lado, la prueba de alcoholemia no fue legalmente válida, ya que no se demostró que los aparatos estuvieran calibrados ni que fueran operados por personal certificado. Además, la boleta de infracción carecía de la fundamentación y motivación necesarias, lo que significa que no se explicó con base en la ley por qué se imponía la multa ni bajo qué artículos se justificaba.
A esto se suma que tanto el presidente municipal, Roberto “Chalo” Flores, como la empresa Grúas Aguilar fueron declarados en rebeldía procesal, es decir, ni siquiera se presentaron a responder la demanda en los tiempos legales, lo que dejó sin defensa oficial a los actos cuestionados.
Finalmente, el Tribunal ordenó la devolución de la multa cobrada, aunque el dinero entregado en efectivo a la grúa no pudo ser recuperado porque no existía comprobante oficial. En conjunto, estas omisiones muestran que la infracción estaba viciada desde el origen y que la red opera sin control institucional.
El modus operandi: cobros discrecionales y en efectivo
El pasado 6 de septiembre de 2025, en un solo punto de alcoholímetro sobre la carretera al Aeropuerto de Cuernavaca, al menos 10 automovilistas fueron detenidos en menos de dos horas. Sus vehículos terminaron en el depósito operado por Grúas Aguilar Xochitepec.
En un video grabado el 8 de septiembre, una empleada identificada como Paola exige 6,800 pesos por tres días de corralón, incluyendo una “maniobra” de 6,500 pesos sin explicación alguna. Otro conductor denunció que a él le cobraron 4,800 pesos por el mismo concepto, lo que confirma que no existe tabulador y los cobros se hacen a discreción.
Además, ciudadanos han dejado constancia en redes sociales: “Rateros en toda la extensión de la palabra, cobran lo que quieren sin explicación” (junio 2025), “Más de 7 mil pesos por arrastre cuando el costo oficial es de 1,300” (septiembre 2023) y “Te amedrentan y amenazan” (comentario en página oficial de Grúas Aguilar, 2024).
La ley dice una cosa, ellos cobran otra
De acuerdo con la Ley de Ingresos 2025 del municipio de Xochitepec, las cantidades legales son mucho más bajas que lo que se está cobrando en la práctica. La infracción por conducir bajo los efectos del alcohol está fijada entre 25 y 65 UMA, lo que equivale a entre 2,714 y 7,057 pesos al valor vigente de la UMA en 2025.
Además, el arrastre de un automóvil tiene un costo oficial de 15 UMA, es decir, alrededor de 1,628 pesos, mientras que la estancia diaria en corralón para un vehículo menor a 3.5 toneladas es de apenas 2 UMA, poco más de 217 pesos diarios.
En contraste, los testimonios y videos muestran cobros de entre 9,000 y 10,000 pesos por multas, entre 4,800 y 7,000 pesos por arrastre, y cuotas de 300 a 500 pesos diarios por corralón, además de maniobras infladas de hasta 6,500 pesos.
En términos simples, los automovilistas están pagando el doble del monto máximo permitido y hasta cuatro veces más que el mínimo legal.
Responsables políticos y mandos operativos
Víctimas de este modus operandi han señalado directamente a Samuel Elí Bahena Díaz e Isidro Soto Carmona como mandos que participan en los operativos y se deslindan de informar sobre los costos durante la detención.
Según testimonios, el propio comandante Bahena asegura que el alcalde Roberto “Chalo” Flores está al tanto y de acuerdo con esta forma de operar. Flores, conocido en Morelos como “el más morenista de los priistas”, ha evitado pronunciarse sobre el tema pese a los antecedentes judiciales.
Víctimas alistan demanda colectiva
Automovilistas que han sido víctimas de estos cobros se organizan para presentar una demanda colectiva, respaldados por sentencias previas del TJA que ya acreditaron la ilegalidad del esquema.
“Lo más corrupto y de miedo son las grúas. Es un ambiente de crimen organizado. Te amedrentan y parece que no solo se dedican a mover autos”, declaró Isaac “N”, uno de los afectados.
Si prospera la acción legal, el municipio y la empresa podrían verse obligados a devolver millones de pesos cobrados ilegalmente a lo largo de los últimos años.