¿Ves más retrasos en el Metro? El crimen organizado podría tener inherencia en ello, ya que delincuentes sustraen cables de alta tensión en las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), mismos que son esenciales para la tracción, señalización y comunicación de los trenes, y su ausencia provoca fallas operativas.
Y es que entre 2019 y 2024, se robaron más de 14 mil 500 metros de cable, lo que provocó apagones, fallas operativas, interrupciones en el servicio y, en el peor de los casos, siniestros que podrían ser fatales para los usuarios que abordan diariamente las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
No obstante, en 2023, con la presencia de la Guardia Nacional, se redujo considerablemente el robo, siendo hasta en un 61%; pese a ello, el STC Metro sigue siendo víctima de este delito. En lo que va de 2025, se han sustraído más de 500 metros adicionales, por lo que la Bancada de Morena presentó una iniciativa para inhibir este delito.
La diputada Ana Buendía presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 331 para establecer penas de cinco a diez años de prisión y multas de cinco mil a diez mil días, a quien dañe, altere, interrumpa o destruya vías de comunicación, medios de transporte público o sistemas de transmisión de energía.
Esta iniciativa –que fue enviada a la a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia– incluye una nueva fracción que sanciona específicamente el robo o destrucción dolosa del equipamiento urbano del transporte público colectivo o del sistema integrado de transporte de la Ciudad de México, esto de acuerdo con la Ley de movilidad.
“Además, se contempla el agravamiento de las penas cuando estos delitos se cometan con violencia o por servidores públicos, reconociendo el impacto social y simbólico que estas conductas tienen en la confianza ciudadana y en el funcionamiento de nuestras instituciones”.
— Ana Buendía
Denunció que el robo de cable en el STC Metro está vinculado a redes del crimen organizado, por lo que representa pérdidas millonarias para el erario y pone en riesgo la vida de millones de personas usuarias que dependen diariamente de este servicio; y recalcó que la propuesta no busca únicamente castigar, sino proteger.
“Proteger a quienes madrugan para llegar a sus trabajos, a estudiantes que dependen del Metro para acceder a la educación, a familias que recorren la ciudad para atender sus necesidades. Proteger la infraestructura que hemos construido con décadas de esfuerzo colectivo”.
— Ana Buendía