La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la resolución emitida el 8 de junio de 2022 por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que obliga a la Presidencia de la República a entregar a un particular la versión pública de 15 oficios con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Con ocho votos a favor, el pleno desechó el recurso de revisión presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada en ese entonces por la hoy ministra María Estela Ríos González, quien fue declarada impedida para participar en la discusión.
El Ejecutivo argumentaba que la difusión de los datos ponía en riesgo la seguridad nacional, sin embargo, la Corte consideró que gran parte de la información ya había sido difundida en comunicados oficiales y medios de comunicación.
El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que no existía riesgo de seguridad en este caso, al tratarse de información previamente hecha pública por las propias autoridades.
Prevalecer la transparencia
En paralelo, la SCJN también resolvió controversias vinculadas con la Fiscalía General de la República (FGR). En este caso, los ministros avalaron proteger los nombres de funcionarios con acceso a documentos sensibles, al estimar que su difusión podría comprometer la seguridad pública. No obstante, se confirmó que datos como cargos y salarios, ya divulgados previamente, sí debían ser transparentados.
Con estas resoluciones, el máximo tribunal estableció una metodología para futuros casos en los que se deberá valorar si la información solicitada debe mantenerse reservada o hacerse pública, en equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho ciudadano de acceso a la información.