El diputado Gerardo Villarreal Solís, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con el propósito de crear la llamada “Ley Nicole”, en memoria de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años de edad que falleció luego de someterse a múltiples cirugías estéticas de alto riesgo en Durango.
El legislador explicó que la propuesta no busca prohibir los procedimientos estéticos, sino regularlos con mayor rigor, especialmente en el caso de menores de edad, de acuerdo con información de la Cámara de Diputados.
¿Qué es la Ley Nicole?
La iniciativa establece controles estrictos, entre ellos valoraciones médicas sustentadas en estudios clínicos, consentimiento informado de los padres o tutores, y la obligación de que los procedimientos sean avalados por instancias médicas especializadas. El objetivo, subrayó, es garantizar que tragedias como la ocurrida a Paloma Nicole no se repitan en el país.
La adolescente fue sometida a una liposucción, una lipotransferencia de glúteos y un implante mamario, procedimientos considerados de alto riesgo incluso en adultos.
Dichas cirugías fueron autorizadas únicamente por su madre, Paloma Yasmín Escobedo, y realizadas por su pareja, el cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo. El padre de la menor, Carlos Said Arellano, ha exigido justicia y el esclarecimiento total del caso.
La propuesta ha encontrado eco en otras voces legislativas. Las diputadas Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano (MC), y Alma Marina Vitela Rodríguez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ambas representantes de Durango, también urgieron a legislar en materia de cirugías estéticas en menores.
De aprobarse, la “Ley Nicole” representaría un precedente importante en la regulación de la cirugía estética en México, con un enfoque en la protección de niñas, niños y adolescentes para que casos como el de Paloma Nicole no vuelvan a ocurrir y que se priorice la seguridad y el bienestar de los menores frente a intereses económicos o decisiones irresponsables.