El diputado federal Armando Corona Arvizu, de Morena, salió a disculparse públicamente luego de la controversia generada por su iniciativa que buscaba sancionar con cárcel la creación y difusión de contenidos digitales, incluidos memes, realizados con inteligencia artificial (IA) cuando se usen para ridiculizar, acosar o dañar la reputación de una persona.
Se retracta tras críticas y bloquea su cuenta
El legislador reconoció que la inclusión de servidores públicos como posibles víctimas dentro de la reforma al Código Penal Federal generó gran rechazo por el riesgo de limitar la sátira política y la libertad de expresión.
Ante ello, anunció que modificará el proyecto para excluir a funcionarios y dejar la protección únicamente a sectores vulnerables como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad.
“Les pido una disculpa a quienes ofendí o preocuparon porque pensaban que la libre expresión se iba a cortar. Hoy les digo: no se preocupen, vamos a velar por ello. Vamos a quitar el tema de servidores públicos para que no genere más controversia”, expresó el diputado en un mensaje difundido en sus redes sociales, las cuales posteriormente cerró al público tras la oleada de críticas.
La polémica por las sanciones
La iniciativa, revelada por el periodista Juan Ortiz de Emeequis, establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo para quienes difundan contenidos digitales con IA que afecten la reputación de una persona.
En su versión original, si la víctima era un funcionario público, la sanción se duplicaba: de seis a doce años de prisión y hasta mil 200 días de multa. Esta disposición encendió las alarmas entre especialistas y usuarios de redes sociales, quienes señalaron que cualquier sátira, caricatura política o meme podría ser perseguido penalmente.
Actualmente, la propuesta se mantiene en análisis en las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Morena, con mayoría en la LXVI Legislatura, podría impulsar su avance, aunque la eliminación de servidores públicos como sujetos protegidos busca evitar que la llamada “ley antimemes” sea vista como un intento de censura.