Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de la reforma aprobada por el Congreso de Chihuahua, que prohíbe el uso de lenguaje inclusivo en aulas públicas y privadas del estado.
La mandataria fue cuestionada por Publimetro México sobre su postura ante la medida impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), y respondió de forma tajante:
“Pues que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo”, dijo Sheinbaum desde el Salón Tesorería.
¿De qué va la reforma en Chihuahua?
La modificación aprobada en el Congreso chihuahuense altera el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con el argumento de “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”.
En los hechos, la medida prohíbe expresiones de lenguaje inclusivo dentro de las aulas —como “todes”, “niñes” o “compañeres”— bajo la idea de preservar la “estructura formal del idioma”.
La iniciativa fue impulsada por el diputado panista Carlos Olson, quien celebró que Chihuahua sea el primer estado del país en establecer una restricción explícita al lenguaje inclusivo en el ámbito educativo.
Debate nacional y reacciones
La postura de Sheinbaum marca un choque directo entre el gobierno federal y el Congreso local en temas de lenguaje, identidad y derechos.
Mientras el PAN sostiene que el español “ya es inclusivo por naturaleza” y que imponer nuevas formas de hablar sería “autoritarismo lingüístico”, sectores progresistas advierten que esta medida borra los avances en perspectiva de género y derechos LGBTIQ+.
Organizaciones civiles y académicos han señalado que la prohibición contradice el principio de educación con igualdad y no discriminación establecido en leyes federales.
Lo que viene sobre esta reforma
El decreto aprobado por el Congreso de Chihuahua aún debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor. No contempla sanciones directas, pero sí obliga a las escuelas a priorizar la enseñanza del español tradicional y evitar el uso de expresiones no reconocidas por la Real Academia Española (RAE).
En caso de que se argumente que la norma limita derechos fundamentales —como la libertad de expresión o la igualdad de género— podría ser impugnada por organismos de derechos humanos o instancias federales.