Especialistas y académicos nacionales e internacionales coincidieron en que el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas no solo resulta ineficaz para cumplir sus fines extrafiscales, sino que además vulnera principios constitucionales de progresividad, proporcionalidad y equidad tributaria.
Lo anterior, fue dado a conocer durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica celebrado en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además, el encuentro académico, celebrado en la unidad de Posgrado de la FES Acatlán, incluyó la presentación del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extra fiscal?”.
En el marco de la discusión, los ponentes expusieron que la medida fiscal ha generado efectos adversos tanto en materia económica como social, y no ha demostrado ser un mecanismo real para disminuir los índices de obesidad y diabetes en México.
Al respecto, el Dr. Argos Campos Ribeiro Simões, juez presidente del Tribunal de Impuestos y Tasas del Estado de São Paulo, destacó que el esquema actual del IEPS es un “error económico tributario”, pues recae con mayor fuerza en los consumidores de menores ingresos, lo que lo convierte en un impuesto regresivo.
Según explicó, mientras los sectores más pobres enfrentan un impacto directo en su poder adquisitivo, los de mayor capacidad económica terminan beneficiados al soportar una carga proporcionalmente menor.
En esa misma línea, el Dr. Allan Fallet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, subrayó que este tipo de gravámenes han mostrado efectos nocivos en países como Reino Unido y Dinamarca, donde su aplicación generó distorsiones en el mercado sin lograr beneficios sustanciales en salud pública.
A su juicio, el principio de neutralidad tributaria queda comprometido, especialmente porque los consumidores con menor poder adquisitivo son quienes enfrentan la carga más pesada.
Visión nacional en la misma línea
Por su parte, el Dr. Gerardo García Silva, profesor de la FES Acatlán, sostuvo que el aumento al IEPS responde más a una estrategia recaudatoria que a un interés genuino de salud pública.
El catedrático recordó que incluso con los ingresos estimados de más de 41 mil millones de pesos, la medida no está vinculada a programas específicos de prevención o atención médica. “El remedio puede terminar siendo más caro que la enfermedad”, advirtió, al señalar la urgencia de una reforma fiscal integral que verdaderamente garantice equidad y progresividad.
Finalmente, la Dra. Elba Jiménez Solares, también académica de la FES Acatlán, reforzó la crítica al señalar que el incremento a $3.0818 pesos por litro de refresco implica una violación directa al mandato constitucional que exige que los impuestos se paguen de manera proporcional y equitativa.
La académica agregó que este tipo de cargas afectan derechos fundamentales vinculados con la salud, la alimentación y el trabajo, además de poner en riesgo a más de 60 mil pequeños comercios, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Los ponentes coincidieron en que, a más de una década de la creación de este impuesto, no se observan cambios significativos ni en los hábitos de consumo ni en la reducción de enfermedades metabólicas. Por el contrario, se ha generado un esquema que favorece a grandes corporaciones y concentra ganancias, a la vez que vulnera principios básicos de justicia tributaria y derechos humanos.
Finalmente, los académicos hicieron un llamado a replantear la política fiscal en torno a las bebidas azucaradas y a diseñar medidas que sean realmente proporcionales, equitativas y progresivas, en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Mexicana.