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Cárteles vs. Trump: Casi un millón de pesos por asesinar a funcionarios de EE. UU.

La Casa Blanca y autoridades fronterizas elevan el tono: lo califican como un desafío directo a la soberanía estadounidense

Cárteles y pandillas sincronizan inteligencia y dinero para expandir su poder fuera de México.
Cárteles y pandillas sincronizan inteligencia y dinero para expandir su poder fuera de México. (Foto: Grok)

Organizaciones criminales mexicanas han establecido un sistema de recompensas para asesinar a funcionarios de los servicios de inmigración y aduanas de EE. UU. (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), con pagos que alcanzan hasta $50,000 dólares (aproximadamente $975,000 pesos mexicanos).

Esta información fue revelada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. el pasado 14 de octubre de 2025.

Incentivos financieros y modus operandi

Según el DHS, los cárteles han implementado un esquema de recompensas estructurado:

  • $2,000 USD (~$39,000 MXN): Por obtener información personal de agentes, incluyendo fotos y detalles familiares.
  • $5,000–$10,000 USD (~$97,500–$195,000 MXN): Por secuestros o agresiones no letales a oficiales de ICE o CBP.
  • Hasta $50,000 USD (~$975,000 MXN): Por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Estas recompensas están siendo canalizadas a través de pandillas locales en Chicago, como los Latin Kings, quienes han desplegado “spotters” armados en techos de barrios como Pilsen y Little Village.

Estos observadores realizan vigilancia en tiempo real de los movimientos de los agentes federales, facilitando emboscadas y alteraciones durante operativos rutinarios, como la reciente Operación Midway Blitz.

Colaboración con pandillas

Además de la colaboración con pandillas locales, el DHS ha identificado la participación de grupos extremistas domésticos, como Antifa, en actividades de apoyo logístico. Estos grupos han proporcionado suministros para protestas, realizado doxxing de identidades de agentes y obstruido operaciones para proteger a individuos vinculados a los cárteles de la deportación.

La Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, calificó estas acciones como una “campaña organizada de terror” contra los oficiales federales.

En respuesta, el DHS ha instado al público a reportar actividades sospechosas y ha reafirmado su compromiso con la aplicación de la ley. Esta situación refleja una escalada en la violencia dirigida hacia las autoridades migratorias de EE. UU.

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