El gobierno federal y las aseguradoras llegaron a un acuerdo por medio del cual se determina que el IVA “no será acreditable cuando los bienes o servicios tengan como único objeto indemnizar al asegurado”.
Esta determinación busca resolver litigios fiscales que mantenían las autoridades y el sector asegurador desde hace años por el cobro y acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los servicios vinculados a siniestros.
Dicho pacto — impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y legisladores como Ricardo Monreal— se encuentra incluido como una reserva en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, y permitirá a las empresas regularizar su situación y recibir estímulos fiscales, siempre y cuando se desistan de los juicios y comiencen a pagar el gravamen correctamente a partir de este año.
En la práctica, esto significa que el impuesto trasladado por hospitales, talleres u otros prestadores no podrá descontarse del IVA que las aseguradoras deben pagar, por lo que algunos especialistas del sector alertaron que esto podría encarecer el costo de los seguros.
A cambio, las empresas que corrijan su situación antes del 31 de marzo de 2026 podrán acceder a un estímulo fiscal equivalente a los recargos y multas generados, siempre que no hayan incurrido en delitos fiscales ni estén enlistadas como factureras.
El artículo 25 de la LIF 2026 también prevé que las compañías podrán liquidar en parcialidades los adeudos y que no se les cobrará el impuesto de los últimos cuatro ejercicios si se desisten de los juicios pendientes.
Impacto para los consumidores
Aunque el acuerdo busca dar certeza jurídica y estabilidad al sector, analistas consultados por medios especializados como El Financiero advierten que el impacto se trasladará a los usuarios.
Se prevé que, a partir de 2026, los precios de las pólizas de seguros de autos y gastos médicos mayores aumenten debido al nuevo esquema de pago del IVA.
Esto porque el impuesto se cobrará dos veces en la práctica: por un lado, al adquirir la póliza, y por otro, al utilizarla durante un siniestro, cuando se paguen los servicios del taller o del hospital.
Según la interpretación del SAT, se trata de dos operaciones distintas —la compra y el uso de la póliza—, aunque las aseguradoras sostienen que esto “no ocurre en ningún otro país del mundo”.
No obstante, el SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, sostiene que la medida no busca recaudar doblemente, sino “fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales y garantizar equidad en el pago de contribuciones dentro del sector”.
Mientras que especialistas advierten que el cambio incrementará los costos operativos y reducirá la contratación de seguros en México, un mercado que ya muestra baja penetración.
Consultados al respecto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) pidió tiempo para analizar el acuerdo a fin de fijar postura.
Cabe mencionar que, a pesar de eventos catastróficos que muestran la necesidad de protección, en el país menos del 30% de los vehículos está asegurado y solo el 8% de la población cuenta con un seguro médico privado, según datos de la propia AMIS.
Origen del diferendo
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las aseguradoras aplicaban una interpretación incorrecta del IVA.
Esto porque cuando indemnizaban a un cliente por un accidente o pérdida, acreditaban el impuesto pagado por servicios de terceros —como hospitales o talleres mecánicos— como si fuera parte de sus propias obligaciones fiscales, aunque ese IVA correspondía a los proveedores que realmente prestaban los servicios.
Esta práctica, detectada desde hace varios años, generó un faltante estimado en más de 175 mil millones de pesos, según reportes periodísticos.
Incluso algunas compañías, como Axa y Allianz llevaron el caso a instancias internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, al considerar que el cobro retroactivo del IVA violaba la Constitución y ponía en riesgo la estabilidad del sector.
Con esta resolución signada entre las autoridades y aseguradoras se pone fin a un conflicto que se arrastraba desde el sexenio anterior y que llegó a poner en riesgo la operación de algunas aseguradoras; sin embargo, se espera que provoque un incremento en los precios de los seguros, lo que impactará directamente al consumidor final.