La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX) dirigió una carta abierta al Senado de la República para exigir la revisión urgente del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), recientemente aprobado por la Cámara de Diputados dentro del Paquete Económico 2026.
De acuerdo con la AIMX, la disposición facultaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades fiscales para acceder de forma permanente, en tiempo real y sin orden judicial a las bases de datos de las plataformas digitales que operan en México.
En su carta, la organización advierte que esta medida “instituye un sistema de vigilancia masiva, vulnera derechos constitucionales, pone en riesgo la ciberseguridad nacional y amenaza la estabilidad del ecosistema digital mexicano”.
Riesgos de una vigilancia sin precedentes
La AIMX enumeró los principales peligros de la reforma:
- Violación de la privacidad y derechos humanos al contravenir el Artículo 16 Constitucional y tratados internacionales.
- Graves vulnerabilidades de ciberseguridad, al conectar sistemas gubernamentales con plataformas privadas.
- Afectaciones económicas a las MiPyMEs que dependen del entorno digital.
- Desventajas competitivas para empresas digitales frente a las físicas.
- Sanciones desproporcionadas, incluyendo el bloqueo total de servicios digitales.
- Riesgos de incumplimiento del T-MEC, al restringir el comercio electrónico.
“La aprobación de este artículo sería un retroceso histórico con consecuencias irreversibles para la economía digital, la innovación y la confianza ciudadana”, señala el documento firmado por Julio César Vega Gómez, director general de la AIMX.
Propuestas de la AIMX para un equilibrio fiscal y digital
La asociación planteó al Senado alternativas que fortalezcan la recaudación sin vulnerar derechos fundamentales, entre ellas:
- Sustituir el acceso en tiempo real por mecanismos de auditoría selectiva y reportes periódicos, bajo control judicial.
- Limitar el acceso a información estrictamente fiscal, excluyendo datos personales o estratégicos.
- Establecer esquemas diferenciados para MiPyMEs y promover la inclusión digital.
- Incorporar candados de seguridad cibernética y protocolos internacionales de protección de datos.
Finalmente, la AIMX reiteró su “total disposición para colaborar técnica y jurídicamente con el Senado en la construcción de un marco fiscal moderno, seguro y respetuoso de los derechos humanos que también son digitales”.