La Ciudad de México enfrenta 20 años de retroceso en el transporte público concesionado, pues en distintas zonas siguen rondando los microbuses y combis de las años 90, que ya cumplieron su ciclo de vida y que deberían ser chatarrizados para avanzar a transportes más amigables con el medio ambiente; sin embargo los choferes de dichas unidades exigen un aumento a la tarifa del pasaje, lo que afectaría a miles de familias capitalinas.
Al respecto, el maestro en Estudios Sociales, Ernesto Morua, advirtió que para que la Zona Metropolitana del Valle de México avance en materia de transporte público concesionado y evite problemas de tarifas con los transportistas, debe implementar una ‘integración tarifaria’, es decir, la homologación de los costos del pasaje en los medios de transportes públicos, tal y como se ha hecho en ciudades de Colombia y Chile.
En las vísperas del posible anuncio del aumento de tarifa en la Ciudad de México, el especialista en movilidad detalló que la capital mantiene un gran desorden y una desintegración en el transporte público, pues –a comparación de otras ciudades de latinoamérica– aquí la gente no sabe en dónde tomar un camión debido a que es difícil identificar los lugares designados porque no están correctamente instalados.
“Pareciera que estamos con 20 años de retraso (...) en otras ciudades de Colombia y Chile, tienen algo que se llama integración tarifaria que homologa el pasaje; pero aquí hay un desorden, y eso hace que los concesionados tengan que estar presionando de manera constante para el aumento del transporte público, porque no hay una integración tarifaria y tendríamos que ir para allá sin tener un aumento necesariamente especificado”, explicó.
“Ahora en términos de justicia, esto va a tener un impacto importante en la economía de las familias, sobre todo para quien viene del Estado de México, va a tener que pagar el aumento de allá y el que haya en la ciudad. Y aún siguen estando presente los microbuses en lugares centrales de la ciudad, en lugares periféricos los microbuses, se necesitan cambiar para tener una renovación favor del ordenamiento del transporte“.
— Ernesto Morua
Relató que el posible aumento en el costo del pasaje en la Ciudad de México debe tener una justificación, pues recordó que el último incremento en la capital –de un peso– se debió por la crisis económica de la pandemia del covid-19, mientras en el Estado de México se realizó por las largas distancias que recorren los autobuses. En este sentido, afirmó que –en dado caso de la subida de precio– se debe regular al transporte concesionado (convirtiéndolos en empresas), instalar infraestructura para las paradas de los camiones, y mandar a chatarrizar las unidades viejas.
“En la situación que estamos ahorita faltan muchos elementos que justificarían un aumento, pero tendría que pensarse en estos procesos de chatarrización, también en convertir muchas de estas rutas en empresas, que por el momento yo no he visto que Clara Brugada tenga esa intención como en su momento la tuvo Claudia Sheinbaum, en convertir muchas de estas rutas en empresas para su regulación”.
— Ernesto Morua
“Entonces la cuestión es así, el aumento va a afectar a la población y entonces se tendría que justificar el aumento: si va a haber un ordenamiento más fuerte en cuanto a lo que son las rutas de transporte –para que funcionen como empresa– y puedan estar en una futura integración coherente del transporte, de tal manera que en cualquier lugar se pueda pagar con la tarjeta de de movilidad y que en un futuro podamos ir a lo que es una tarifa realmente integrada”, añadió.
Buscarán aminorar el impacto del aumento en tarifas
El diputado del PAN, Ricardo Rubio también se posicionó en contra del aumento en las tarifas del transporte público –porque afectarán la economía de las familias– y adelantó que desde la Comisión de Hacienda del Congreso CDMX buscarán aminorar su impacto, pues “vamos a tener que generar un incentivo fiscal para que las empresas aminoren el impacto inflacionario que esto pueda causar, el gobierno no ha planteado una solución precisa, y hasta que el gobierno entable una negociación firme con los transportistas, se tomarán decisiones de legislativas”.
“Te puedo ir adelantando que las declarativas que aquí se tomen en el Congreso serán basadas en buscar aminorar el impacto del aumento de las tarifas en los instrumentos financieros de la ciudad para mejorar la economía de los trabajadores públicos y de los informales, con impuestos sobre la nómina, que se baje 5% para que de esa manera a el impacto que este daño pueda tener se ajuste en el asunto”.
— Ricardo Rubio
Con respecto a las violaciones de los choferes al reglamento de tránsito que ha reportado Publimetro en la Ciudad de México (conducir con pareja, fumando, bebiendo, no respetar los altos, cobrar tarifa ilegal, crear rutas inexistentes e ilegales y echar carreritas) el legislador recalcó que la Secretaría de Movilidad tendrá que poner ojo a estas conductas; incluso, dijo que buscarán agregar reformar a la Ley de Movilidad para asegurar un correcto funcionamiento.
“Seguimos con chóferes no capacitados, necesitamos hacer exámenes para saber si esa persona (conductor) puede manejar (...) podríamos nosotros plantear arreglar la Ley de Movilidad de la ciudad para que endurezcamos las normas para que quienes conduzcan tengan estas condiciones mínimas de protección civil y que podamos asegurar la seguridad de pasajeros”, concluyó.
Empresarios tampoco ven viable aumento de tarifa, pero piden ayuda del Gobierno
Alejandro Luna, coordinador general de Movilidad de Vanguardia (Mova) y Felipe Núñez Guerrero, presidente de Ruta 3, mencionaron que un incremento en la tarifa del transporte público resulta insuficiente para resolver los problemas financieros del sector, ya que el costo real del pasaje, incluidos todos los gastos de mantenimiento, pago de choferes, gasolina, llantas, impuestos y adeudos por unidades recientes, asciende cuando menos a 15 pesos, por lo que se requiere un subsidio gubernamental que cubra el resto.
Hasta ahora el transporte concesionado convencional ha sido subsidiado por los propios transportistas, lo que significa que los actuales modelos de negocio han quedado rebasados y es indispensable replantearlos con base en un análisis profundo que considere subsidios y esquemas de pago por kilómetro. En los últimos 30 años, el resultado de depender solamente de la tarifa ha sido la pauperización del sector, ya que el 70% de las empresas que ofrecen el servicio están en crisis financiera y la mitad de ellas en quiebra.
Explicó que desde la pandemia el número de pasajeros se redujo al 20% del total de personas transportadas; sin embargo, cuando se superó la emergencia, sólo el 80% del pasaje se recuperó y ha ido bajando cada año en un promedio de 2 a 3%. Adicionalmente a ello, los estudios realizados por la propia autoridad proyectaban una demanda que, en la realidad, resultó inferior entre un 30 a 33%.
Las autoridades tienen plena consciencia de ello y conocen los gastos que implica mover unidades para el traslado del público, ya que sus transportes tienen un importante subsidio. Por ejemplo, explicó, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), cobra cinco pesos el pasaje, pero su costo real es de 22 pesos. En el caso de la Red de Transporte Público (RTP) cobra cuatro pesos, pero su costo real es de 15 pesos.
El otro ángulo del problema, dijo, es que, la demanda que antes tenía el transporte público, ahora ha optado por el transporte privado (Uber). Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre 2023 y 2024 el número de automóviles nuevos creció diariamente en el país entre mil 650 y mil 700 vehículos.
¿Cómo sería el aumento tarifario en la CDMX?
Las exigencias de los transportistas contemplan un aumento inmediato de 2 pesos en la tarifa y la implementación de un subsidio gubernamental que cubra la diferencia entre el precio actual y el costo por pasajero.
Con ello, la tarifa mínima de los microbuses y vagonetas pasaría de 6 a 8 pesos y los autobuses de corredores pasarían –al menos– de 8 a 10 pesos, junto al bono de combustible para compensar los costos operativos.
No obstante, los transportistas también exigieron homologar la tarifa del Estado de México con la de la Ciudad de México, con lo que se elevaría la tarifa a los 14 pesos, de acuerdo con el último incremento en el pasaje hace unas semanas. Desde 1997 los aumentos en la tarifa se han autorizado por lo regular cada cinco años y el más reciente fue en 2022 cuando subió un peso.