El Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que redistribuye el mando naval, crea nuevas estructuras de operación y amplía las atribuciones militares hacia terrenos civiles y tecnológicos.
Con los votos de Morena y sus aliados, la reforma abroga la legislación vigente y establece la Jefatura de Operaciones Navales en sustitución del histórico Estado Mayor General. Además, incorpora la ciberdefensa como una facultad formal de la institución, refuerza la presencia naval en puertos y aeropuertos, y reconoce la igualdad sustantiva en los niveles de mando.
El senador morenista Carlos Lomelí defendió la medida como una “transformación estructural, moral y estratégica” frente a nuevas amenazas, al asegurar que “no se trata de militarizar, sino de proteger con disciplina y transparencia”.
Sin embargo, la oposición advirtió que la reforma consolida la militarización del aparato estatal y centraliza el control del mando naval en el Ejecutivo federal. El priista Manuel Añorve acusó que la ley “pone a la Armada al servicio de intereses políticos”, elimina referencias explícitas a los derechos humanos y “normaliza un modelo de seguridad militarizada”.
Armada absorbe nuevas funciones civiles
Añorve también denunció que la expansión del control militar en aduanas y terminales marítimas no ha frenado el “huachicol fiscal”, y, por el contrario, ha permitido redes de contrabando y evasión fiscal. “Militarizar no es modernizar; es blindar sistemas opacos”, sostuvo.
Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales alertó que otorgar nuevas atribuciones sin contrapesos civiles crea “un aparato militar administrativo” en sectores vulnerables a la corrupción y deja sin vigilancia independiente el uso de tecnologías e inteligencia artificial.
Por su parte, la panista Gina Gerardina Campuzano criticó que la nueva ley absorbe funciones antes civiles, como la marina mercante y la industria naval, sin mecanismos externos de fiscalización.
Las bancadas del PAN, PRI y MC anunciaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad, al considerar que la reforma invade competencias civiles, amplía el fuero militar y debilita la rendición de cuentas.
La ley será turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor una vez que se emitan los reglamentos internos y lineamientos tecnológicos correspondientes.