La noticia estremeció a Michoacán y al país entero, el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue ejecutado después de advertir que su lucha contra el crimen organizado lo estaba dejando solo. En múltiples ocasiones pidió ayuda al gobierno estatal y federal, pero su voz se perdió en la burocracia y el miedo. Su “mano dura contra la delincuencia organizada” lo convirtió en objetivo de los grupos criminales que dominan la región.
Su asesinato no es un hecho aislado. Es, más bien, otro capítulo de una historia escrita con sangre: la de los mexicanos y mexicanas que se atrevieron a desafiar la colusión entre el crimen y el poder; se viven tiempos donde ambos parecen el mismo enemigo a vencer.
De los campos de limón a las fosas clandestinas
Sólo unos días antes de la muerte de Manzo, el 20 de octubre, fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán. Su delito fue defender a los productores del “oro verde” de los cobros de piso impuestos por los carteles. Se enfrentó a extorsionadores vinculados a Los Blancos de Troya y pagó con su vida.
En Jalisco, el 24 de abril de este año, María del Carmen Morales, madre buscadora, fue ejecutada por sicarios en Tlajomulco de Zúñiga. Buscaba a su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, desde 2024. Las autoridades reconocen que el crimen podría estar ligado a su activismo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en un contexto de amenazas sistemáticas contra quienes se atreven a escarbar donde el Estado ignora.
Mucho antes que ellos, en junio de 2023, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas, cayó emboscado por 25 sicarios de Los Viagras, brazo de Cárteles Unidos. Desde 2013 había sido una piedra en el zapato del narco y de las autoridades que nunca lo protegieron. Su legado es el retrato de una lucha que el gobierno abandonó hace tiempo.
Defensores y periodistas
El asesinato del activista ambiental Homero Gómez González en enero de 2020 también sigue impune. Su defensa de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca afectó intereses criminales ligados a la tala ilegal y al negocio del aguacate, controlado por el CJNG. Lo encontraron muerto en un pozo, con signos de violencia.
En la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015, el fotoperiodista Rubén Espinosa fue torturado y asesinado junto con cuatro mujeres en la colonia Narvarte. Había huido de Veracruz por amenazas de “paramilitares” ligados al PRI de Javier Duarte. Su trabajo, centrado en denunciar agresiones a periodistas, lo convirtió en un blanco del poder político.
Marisela Escobedo, madre buscadora y activista, fue asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, por exigir justicia para su hija asesinada. Su muerte, grabada en video, es uno de los retratos más crueles de la impunidad.
Décadas atrás, Digna Ochoa, abogada de derechos humanos, fue asesinada en octubre de 2001 en su despacho. Defendía a indígenas y víctimas de abusos militares. Pese a tener medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la entonces Procuraduría General de la República (PGR) trató su caso como suicidio. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por negligencia y estereotipos de género.
Y finalmente, Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo de 1994, él y los anteriores pagaron con su vida el atreverse a romper con el sistema. Su discurso contra la corrupción desafortunadamente continúa vigente, México sigue con hambre y sed de justicia.