A tan sólo dos meses de haber tomado posesión, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, presentó su renuncia formal al cargo. Su salida representa la primera baja de un juzgador federal electo por voto popular desde la implementación de la Reforma judicial en 2025.
De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, la dimisión fue notificada oficialmente a la Mesa Directiva del Senado de la República, a través de un oficio firmado por César Mauricio López Ramírez, secretario Ejecutivo del Pleno. El documento fue dirigido a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, para iniciar el proceso de análisis y dictaminación en la Comisión de Justicia.
La renuncia se sustenta en los artículos 76, fracción VIII, y 98, primer párrafo, de la Constitución mexicana, que establecen los procedimientos para la separación voluntaria de juzgadores federales.
El primer caso de renuncia en la nueva era judicial
El caso de Aguirre Hernández ha llamado la atención no sólo por su brevedad en el cargo, sino porque se trata de uno de los primeros jueces electos en los comicios judiciales del 2 de junio de 2025, un proceso inédito en el país que buscó “democratizar” la justicia al permitir que los ciudadanos eligieran directamente a jueces, magistrados y ministros.
En su campaña, Aguirre se presentó como un candidato cercano a la ciudadanía y propuso “reformar la impartición de justicia para el pueblo y no para los privilegiados”. Su salida temprana genera interrogantes sobre las condiciones internas del nuevo modelo judicial y los posibles motivos que lo llevaron a dejar el puesto.
De abogado a juez, una trayectoria breve
Egresado del Centro Universitario de Monterrey (UDG) y maestrante en el Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández representaba el perfil de una nueva generación de juzgadores comprometidos con el cambio.
Su renuncia; sin embargo, podría marcar el inicio de una etapa de incertidumbre dentro del Poder Judicial Federal, apenas meses después de que los nuevos jueces electos asumieran funciones.
El Senado de la República deberá ahora definir si acepta o rechaza su dimisión, en lo que podría convertirse en el primer precedente legal y político de la Reforma judicial que transformó la manera de impartir justicia en México.