La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó tres reformas al Código Penal, impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por legisladoras capitalinas, que buscan reforzar la protección a las víctimas de violencia, delitos de odio y delincuencia organizada.
Las iniciativas modifican los artículos 209, 253 y 131 del Código Penal, y crean el artículo 131 Bis, con el objetivo de actualizar las sanciones y cerrar vacíos legales que han dejado en vulnerabilidad a las y los ciudadanos.
Castigos más severos por amenazas
El primer cambio aprobado reforma el artículo 209 del Código Penal del Distrito Federal, para endurecer las sanciones por amenazas.
Las autoridades consideran que este tipo de actos son una de las formas más comunes de intimidación y violencia, ya que colocan a las víctimas ante la posibilidad real o aparente de sufrir un daño.
Con la modificación, quien amenace a otra persona con causarle un mal grave, ya sea a su integridad, bienes o familia, podrá recibir de uno a dos años de prisión o multas de hasta 360 días.
Más años de cárcel por formar parte de bandas delictivas
El segundo dictamen, relativo al artículo 253 del Código Penal, busca combatir las asociaciones delictuosas o bandas criminales.
Con esta reforma, integrarse a un grupo de tres o más personas con intención de delinquir podrá castigarse con penas de cinco a diez años de prisión.
Además, si la banda comete delitos graves, la sanción podría aumentar hasta 15 años y multas de hasta siete mil unidades de medida.
Esta medida busca proteger a la ciudadanía frente al crimen organizado y frenar la reincidencia.
Lesiones por razones de género serán delito agravado
El tercer dictamen aprobado crea el artículo 131 Bis y reforma el 131, para tipificar las lesiones por razones de género o prejuicio.
Esto significa que si una persona agrede físicamente a una mujer por razones de género, o a alguien por su orientación sexual, identidad o expresión de género, la pena aumentará en dos terceras partes respecto a la sanción original.
Con ello, el gobierno capitalino busca reconocer el daño social y simbólico que provocan estos ataques y armonizar la ley local con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad.
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la comisión, señaló que la violencia de género “no es accidental, sino resultado de una discriminación estructural que el Estado debe combatir”.