Reconocimiento, autonomía y respeto a la voluntad son los ejes rectores de la iniciativa de Ley de Poblaciones Callejeras presentada por la Bancada Naranja, encabezada por el diputado Royfid Torres, ante el Congreso de la Ciudad de México. El objetivo es transformar la visión asistencialista hacia este sector, reconociendo su autonomía y derechos fundamentales.
La Ley para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Callejeras contempla que el Estado garantice su derecho a la identidad, acceso a actas de nacimiento, credenciales del INE, y, en consecuencia, a vivienda, educación, salud y trabajo. También se establece la obligación de impulsar su reintegración social, con seguimiento, capacitación y opciones laborales que les permitan dejar la vida en las calles.
“Queremos que sean sujetos de derechos, que tengan autonomía y acceso real a servicios. En una ciudad que presume libertades, este sector sigue siendo invisibilizado”.
— Royfid Torres
Además, se propone un censo real de las poblaciones callejeras y la creación de un Comité Interdisciplinario que coordine acciones entre dependencias como la Jefatura de Gobierno, DIF, Secretaría de Inclusión y Bienestar, INJUVE, CONAPRED, entre otras.
Historias que exigen justicia
Durante la presentación, representantes de El Caracol, como Alexia Moreno y Alonso de la Cruz, respaldaron la iniciativa y recordaron casos como el de Hermelinda, una mujer en situación de calle que falleció tras ser ignorada por las autoridades y fue enviada a una fosa común.
Hacia una ciudad con justicia y empatía
El coordinador de Movimiento Ciudadano en CDMX, Alejandro Piña, y Alejandro Barrales, secretario general de acuerdos, acompañaron la presentación.
Coincidieron en que esta propuesta representa un paso importante hacia la justicia social, ya que reconocer legalmente la existencia de una persona a través de un acta de nacimiento “abre la puerta a todos los demás derechos”.
La ley también plantea la creación de una Junta Ciudadana y un Sistema de Monitoreo de Personas Callejeras, así como un Protocolo de Primer Contacto para garantizar atención con enfoque de derechos humanos.