El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría abandonar la prisión antes de cumplir su condena completa. A casi nueve años de su detención, la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, analizará el próximo 12 de noviembre si el exmandatario accede al beneficio de libertad anticipada, luego de que su defensa argumentara que ya cumplió más del 95% de su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa.
De acuerdo con el abogado Pablo Campuzano, Duarte “ha tenido buena conducta, cumplido con los programas de reinserción social y pagado las multas impuestas”, por lo que —según la defensa— cumple los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opone a su liberación. El fiscal Manuel Granados Quiroz aseguró que el exgobernador “aún tiene pendientes decomisos y no ha querido pagar sus crímenes ante la justicia”, recordando que durante su gestión Veracruz fue escenario de uno de los mayores esquemas de corrupción en el país, con empresas fantasma y desvíos multimillonarios.
El exgobernador incomodo
Duarte Ochoa, quien fue detenido en Guatemala en 2017 tras seis meses prófugo, fue sentenciado a nueve años de prisión y multado con 58 mil pesos, además del decomiso de 40 propiedades vinculadas a operaciones ilícitas. Su caso marcó un antes y un después en los escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, al convertirse en símbolo del desvío de recursos públicos y abuso de poder.
La audiencia, iniciada el 3 de noviembre, fue pospuesta una semana para ampliar los argumentos de las partes. Si la jueza rechaza la solicitud, Duarte deberá permanecer recluido hasta abril de 2026.
El proceso reaviva el debate político sobre la impunidad y la eficacia de la justicia mexicana en casos de corrupción de alto perfil, mientras el exgobernador insiste en que “ya cumplió con el castigo que la ley le impuso”.