El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, estremeció a Michoacán y encendió una ola de indignación popular pocas veces vista en la región. Durante el Festival de las Velas, un joven abrió fuego contra el alcalde, terminando con la vida del político que había hecho del enfrentamiento directo al crimen su bandera. Desde entonces, miles de uruapenses han salido a las calles con pancartas, veladoras y un mismo grito: “Manzo vive”.
Para muchos, su muerte simboliza el costo de desafiar a las estructuras criminales que por años han minado la seguridad local. Para otros, es la prueba del abandono federal frente a un municipio que aprendió a resistir solo. La gente que lo eligió como independiente y lo acompañó en su cruzada contra la violencia, hoy exige que no se apague la voz del hombre que advirtió: “Si me matan, van a despertar a un tigre”.
“Cero encapuchados” en la plaza pública
Desde su toma de protesta, Carlos Manzo dejó claro que su administración no sería tolerante con la opacidad en las fuerzas de seguridad. Al detectar prácticas que, a su juicio, impedían el control del orden público, reunió a los elementos municipales y les advirtió sin rodeos: “Queda prohibido en el municipio de Uruapan que los elementos de tránsito y de seguridad pública anden encapuchados. Aquellos que se les se encuentren encapuchados, van a ser dados de baja. La sociedad tiene que saber quién los está cuidando. Y si hay mandos que han incurrido en esas prácticas, es la hora de que se vayan antes de que los detectemos. Todavía tienen la oportunidad de irse, porque si los detectamos les vamos a aplicar todo el peso de la ley. ¿Quieren ser delincuentes? Eso es lo que les gusta, eso es lo que les conviene. Entonces, métanse a las filas de la delincuencia, pero aquí en seguridad pública no los queremos”.
Esa frase no fue retórica: Manzo participaba personalmente en rondines; impulsó incentivos para reconocer a policías destacados y denunció públicamente centros de adiestramiento presuntamente ligados al crimen. La firmeza en su lenguaje buscaba una transición rápida hacia la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las corporaciones locales.
Confrontaciones y el respaldo ciudadano
Cuando detectó a policías estatales extorsionando a ciudadanos en la vía pública, no delegó la reacción: acudió al sitio y en un arrebato golpeó a los implicados. Los vecinos se sumaron, arrojaron objetos y expulsaron a los elementos. Además, en un hecho que pareciera de película, al ser robada la camioneta de una familia Manzo se subió a un helicóptero de la policía para perseguir a los presuntos responsables.
La violencia del crimen organizado también marcó su gestión: tras el asesinato de un policía municipal en un retén, canceló las celebraciones patrias y lanzó una advertencia dura contra la indolencia federal, incluso sugiriendo que, de no hacerse justicia, el pueblo y su administración podrían tomar las armas. Frente a la captura de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pidió auxilio del gobierno federal pero reafirmó: seguiría combatiendo al crimen con la misma determinación.
Manzo contó con el respaldo popular para esa postura. Más de un año antes de su muerte se postuló como candidato independiente y ganó con casi el 70% de los votos, sin las estructuras ni el financiamiento de un partido. Esa victoria, aseguraba él mismo, le daba autoridad moral para actuar en defensa de su gente. Admitía sentir miedo por las constantes amenazas, pero repetía que eso no lo detendría.
Su legado, complejo y polémico, queda marcado por la mezcla de su presencia en las calles, confrontación directa con autoridades y delincuentes, y una cercana relación con la comunidad que lo eligió.