La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una red de operaciones financieras irregulares en 13 casinos del país, con flujos de dinero en efectivo, transferencias internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación, que se realizó en conjunto con el Gabinete de Seguridad, los establecimientos están ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
A través de un comunicado de última hora, la SHCP indicó que –por su alto riesgo financiero– los 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas por el gobierno federal para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por grupos delictivos.
Las autoridades identificaron movimientos millonarios hacia Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá, así como el uso de plataformas digitales que facilitaban el ocultamiento y la dispersión de recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano e internacional.
La SHCP informó que el análisis financiero reveló que los casinos utilizaban amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados como prestanombres: recibían grandes sumas de dinero en sus cuentas y, a cambio de un porcentaje, lo transferían a los verdaderos dueños, simulando ingresos obtenidos por apuestas legales.
¿Ya se presentaron las denuncias?
La dependencia federal indicó que, ante estos hallazgos referidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación para investigar los posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
La Secretaría de Hacienda aseguró que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno de México para prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables, así como mantener la cooperación con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además de cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.