El Instituto Politécnico Nacional (IPN) analiza la creación de su primera Escuela de Derecho, proyecto que podría concretarse el próximo año como parte de la celebración por el 90 aniversario de la institución, informó su director general, Arturo Reyes Sandoval.
El anuncio se realizó durante la inauguración de la Red Jurídica de Universidades Públicas (REJUP), encuentro que reúne a abogadas, abogados y directivos de las áreas jurídicas de instituciones de educación superior del país.
“En el Politécnico tenemos planes de que esta carrera de Derecho se sume a las que ofrecemos aquí en el Instituto. Que podamos abrir las puertas a ello”, adelantó Reyes Sandoval al iniciar los trabajos del encuentro.
El director señaló que el intercambio constante entre las áreas jurídicas universitarias permite fortalecer criterios, anticipar desafíos y contribuir al desarrollo nacional mediante propuestas legislativas orientadas a mejorar el Estado de derecho.
Agregó que del encuentro surgirán iniciativas para robustecer la formación jurídica en las universidades, como nuevos proyectos académicos, cursos, seminarios y espacios de investigación, con el objetivo de impulsar una cultura jurídica sólida y orientada a la justicia.
IPN coordinara el REJUP
Durante la inauguración, el abogado general del IPN, Marx Yazalde Ortiz Correa, anunció que la institución asumirá la coordinación de la REJUP durante los próximos seis meses. Recordó que el Politécnico es actualmente invitado permanente, pues aún no cuenta con una escuela de Derecho, situación que podría cambiar de concretarse el nuevo proyecto.
La reunión contempla 12 mesas de trabajo en las que participarán abogados generales, secretarios, directoras y directores de áreas jurídicas del IPN para analizar temas institucionales y normativos.
En su intervención, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, subrayó la relevancia del espacio, al que definió como un foro para innovar en la formación de quienes encabezan las áreas jurídicas universitarias.
Afirmó que estas áreas son “guardianes del orden legal interno”, responsables de garantizar igualdad, proteger derechos universitarios y promover una cultura de paz e innovación normativa dentro de las instituciones de educación superior.