A una semana de su detención y después de haber permanecido 31 años en libertad, Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), enfrenta un nuevo capítulo judicial tras ser señalado como uno de los sospechosos de participar en el atentado contra Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.
El ataque ocurrió en Tijuana, durante un mitin del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y marcó uno de los episodios más impactantes en la historia política de México.
Auto de formal prisión por homicidio calificado tras asesinato de Colosio
De acuerdo con Político MX, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), dictó el domingo 16 de noviembre auto de formal prisión en contra de Sánchez Ortega, en atención a una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
El exagente de Cisen fue identificado como el segundo tirador que habría intervenido en el ataque perpetrado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, donde Colosio fue asesinado durante un acto de campaña.
La resolución judicial se emitió tras su reaprehensión en Tijuana ocurrida el 8 de noviembre en Tijuana, Baja California. Posteriormente, Sánchez Ortega fue trasladado al penal federal de Almoloya y puesto a disposición del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal por homicidio calificado.
Jorge Antonio Sánchez Ortega será procesado bajo sistema inquisitorio
El auto de formal prisión determina que el acusado deberá permanecer bajo custodia mientras avanza la investigación judicial, lo que marca un giro significativo en un caso que permanecía sin nuevos detenidos desde hace décadas.
Jorge Antonio Sánchez Ortega será procesado bajo el antiguo sistema penal inquisitorio, un modelo jurídico caracterizado por la integración de expedientes escritos, declaraciones ministeriales y dictámenes periciales, según Político MX.
Este sistema, previo a la implementación del actual modelo acusatorio, no contemplaba la participación oral directa de las partes ante un juez, lo que implica que el desarrollo del caso seguirá los lineamientos aplicables a los delitos cometidos antes de las reformas penales.