El empresario y exfuncionario federal Simón Levy elevó a nivel internacional el caso de los jóvenes detenidos durante la marcha nacional del 15 de noviembre, al presentar ante el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) un expediente bajo la Ley Global Magnitsky.
Su solicitud exige sanciones directas contra autoridades mexicanas, incluso hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, por presuntas violaciones graves a derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y la imputación del delito de homicidio en grado de tentativa.
Levy señala fabricación de delitos
A través de un mensaje difundido en X, Levy afirmó que el Gobierno de México y la Fiscalía capitalina “están intentando imputar el delito de ‘homicidio en grado de tentativa’ a un grupo de jóvenes que no cometieron ningún acto violento, que no lesionaron a nadie, que no portaban armas y que únicamente estaban protestando pacíficamente”.
Además, añadió que se trata de “un patrón claro de persecución política, criminalización de la juventud y abuso de poder”.
Detenciones tras la marcha Generación Z
El documento oficial de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc confirma que se abrió la carpeta por “homicidio calificado – tentativa de homicidio”, y ordena el “registro, resguardo y custodia permanente” de cinco imputados:
- Luis Fernando Caballero Escobar (18 años),
- Alberto González Mancilla (26),
- Fernando Escobar Herrera (24),
- Federico Orozco Torres (65)
- Perla Verónica Galván Bernal (29)
Levy sostiene que las detenciones fueron ilegales y que algunos jóvenes fueron golpeados, que desaparecieron durante horas y fueron acusados sin víctimas, sin lesiones o sin evidencias para las acusaciones.
Las detenciones ocurrieron tras la marcha de la Generación Z, que terminó en enfrentamientos entre civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Centro Histórico. Las autoridades capitalinas condenaron la existencia de grupos organizados que provocaron estos actos.