Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una clasificación que entrará en vigor el 24 de noviembre, informó el Departamento de Estado. La agrupación, presuntamente integrada por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, es acusada de participar en operaciones de narcotráfico y violencia transnacional en colaboración con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
La medida reavivó el debate sobre si Washington podría utilizar este paso como justificación jurídica para una eventual intervención militar en Venezuela. Sin embargo, especialistas destacan que la respuesta es clara: no. La etiqueta FTO permite ampliar sanciones, congelar activos, aumentar penas contra colaboradores y extender la jurisdicción penal estadounidense incluso fuera del país, además de habilitar mayor vigilancia y cooperación internacional; pero no autoriza el uso de la fuerza armada en el extranjero.
Durante su administración, Donald Trump llegó a considerar una intervención en Venezuela como “una opción sobre la mesa”. No obstante, el derecho internacional establece únicamente tres vías para justificar el uso de la fuerza: una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país afectado o la legítima defensa ante un ataque armado. Ninguna de estas condiciones se cumple en el caso venezolano. Además, una resolución del Consejo de Seguridad se considera inviable por el poder de veto de Rusia y China, aliados de Caracas.
EE.UU. intervenciones militares
El antecedente de Irak en 2003 volvió a la discusión pública. En aquella ocasión, Estados Unidos invadió ese país bajo el argumento de la existencia de armas de destrucción masiva y con una AUMF (Autorización para el Uso de la Fuerza Militar) aprobada por el Congreso, aunque sin respaldo de la ONU. Años después, el entonces secretario general del organismo, Kofi Annan, calificó esa operación como ilegal.
Actualmente, Estados Unidos no cuenta con una AUMF que permita acciones militares contra organizaciones criminales en América Latina. Incluso si el Congreso emitiera una nueva autorización, esta no sustituiría los requisitos del derecho internacional. Así, cualquier incursión militar sin el visto bueno del Consejo de Seguridad o sin el consentimiento del gobierno venezolano seguiría siendo considerada ilegal.
En el escenario actual, analistas prevén que Washington podría intensificar sanciones, coordinar acciones regionales o emprender operaciones encubiertas. Pero, a diferencia del caso de Irak, una intervención militar directa en territorio venezolano se mantiene jurídicamente inviable.