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Buscan castigar con hasta 10 años el uso de IA para robo de identidad en México

La iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal para sancionar con penas de 4 a 10 años y multas

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ciberdelincuentes Diputados proponen tipificar como delito grave el uso de IA en robo de identidad

La Cámara de Diputados analiza una iniciativa que busca actualizar el marco penal mexicano frente al avance tecnológico. El diputado Alan Sahir Márquez Becerra (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar el uso de inteligencia artificial (IA) en casos de robo de identidad como un delito grave, con penas de 4 a 10 años de prisión y hasta mil días de multa.

La propuesta incorpora una fracción XVII al artículo 11 Bis y crea el capítulo I Bis, “Robo de identidad”, que incluye los artículos 381 Quinquies y 381 Sexties. El documento establece que incurre en este delito quien obtenga, posea, utilice, transfiera o manipule datos personales, imágenes, videos o audios de una persona—mediante IA o tecnologías de la información—sin su consentimiento, con el fin de suplantarla o generar daños.

Alan Sahir Márquez Becerra
Alan Sahir Márquez Becerra, diputado federal del PAN

El castigo aumentaría hasta en una mitad cuando estas herramientas se utilicen para cometer fraudes, difundir desinformación o desprestigiar a terceros mediante clonación digital del rostro o la voz. Además, las sanciones económicas deberán sumarse a la reparación del daño, que va de 400 a 600 UMA, y obligan a eliminar de inmediato el contenido suplantado.

Nuevos marcos legales

En su exposición de motivos, Márquez Becerra advirtió que el robo de identidad dejó de limitarse a documentos falsificados y ahora incluye técnicas avanzadas como deepfakes y clonación de voz, que facilitan nuevas formas de fraude y manipulación. La iniciativa recuerda también la existencia de esquemas tradicionales como phishing, smishing, vishing y pharming, que siguen ampliamente utilizados por ciberdelincuentes.

El legislador sostuvo que el desarrollo tecnológico debe acompañarse de marcos legales que protejan la integridad financiera y la seguridad personal. “La tecnología debe ser una herramienta de progreso y no un instrumento de vulneración de derechos”, afirmó. La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

       

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